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Uno no puede dejar de preguntarse por qué el congresista Wilson Soto ha asociado su nombre a una de las iniciativas legislativas más desafortunadas que se pueda imaginar: la reintroducción de la inmunidad de los congresistas. Es decir, más privilegios y más facilidades para garantizar la impunidad.
Wilson Soto es miembro de Acción Popular y conoce perfectamente el severo juicio de la gran mayoría de los peruanos sobre el desempeño de los congresistas. Y muy particularmene el de varios de sus compañeros de bancada que la opinión pública conoce con el nombre de “niños”, tal como los llamaba el expresidente golpista Pedro Castillo, al parecer por su forma de comportarse ante él. Soto sabe también que su partido intenta expulsar al congresista Darwin Espinoza, bajo sospecha de usar ilegalmente bienes del Estado para inscribir un movimiento político en Ancash.
En vez de acabar con los privilegios y facilitar el procesamiento de políticos que actúen delincuencialmente, Soto pretende modificar el artículo 93 de la Constitución, que se aprobó hace tres años después de un intenso debate: “El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”.
Claro, Soto argumenta que los congresistas tienen función fiscalizadora y que por esa razón pueden ser denunciados. ¡Vaya, vaya! ¿No sabe el señor Soto que efectivamente enfrentarse a las mafias y organizaciones cirminales ha causado denuncias y persecuciones, que algunos de sus predecesores asumieron con valentía y amor al Perú? Aunque quizás a la luz de lo que vamos viendo, Soto ha cambiado de opinion y por eso ni siquiera asistió a la sesión de la Comisión de Constitución que había agendado el debate de su iniciativa.
Las cosas como son
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