No podemos esperar a que la cifra de muertos por semana aumente ni que la extorsión llegue a otros distritos y otras profesiones. Necesitamos una reacción y un plan hoy mismo.

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Los atentados y asesinatos contra conductores de vehículos de transporte urbano constituyen un nuevo paso hacia la generalización de la extorsión en nuestro país. Y, desdichadamente, una nueva señal de la impotencia de la Policía para hacer frente a las nuevas modalidades de la criminalidad.

La semana pasada se han producido tiroteos contra conductores en la Avenida Evitamiento, así como en Lima Norte y Lima Sur. Se trata, sin duda, de organizaciones criminales que asesinando siembran el terror a empresarios, choferes, cobradores, jaladores y pasajeros para que quede claro que no dejarán de cobrar 20 soles diarios de “cupo” a los que quieran seguir trabajando.

Con descaro y sin escrúpulos, actúan en plena luz del día y en lugares donde hay concentración de personas. Algunos especialistas sostienen que los extorsionadores se sienten envalentonados por recientes leyes del Congreso que harán imposible que se les juzgue por pertenencia a organización criminal.

Las consecuencias de la irresponsabilidad de algunos congresistas y la gestión errática del Ministerio del Interior la vienen pagando con sus vidas trabajadores que se niegan a ceder a la ley de la selva.

No se trata solo de detener a los extorsionadores que actúan en las calles. Si lo hacen es porque se hallan protegidos por organizaciones que conocen como se organiza el transporte en nuestras ciudades y a quién hay que matar para que quede claro el mensaje.

Por eso necesitamos mejorar los servicios de Inteligencia y potenciar el trabajo de la maltratada División de Investigación de delitos de alta complejidad, DIVIAC. No podemos esperar a que la cifra de muertos por semana aumente ni que la extorsión llegue a otros distritos y otras profesiones.

Necesitamos una reacción y un plan hoy mismo. Distraídos por las querellas entre autoridades del Estado y la pasividad del gobierno, hemos cedido terreno a las organizaciones criminales. Y la consecuencia es que nuestras ciudades son cada día más inseguras, lo que afecta gravemente a la vida de las familias y a la reactivación económica.

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