El Ejecutivo gobierna pero no legisla ni juzga, más bien se somete a las funciones propias del Poder Legislativo y el Poder Judicial. El desacato de ese principio durante los últimos tiempos ha contribuido a la pérdida de respeto a las instituciones y en general a la democracia.

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Una buena parte de nuestro retroceso institucional tiene que ver con la no aceptación de un principio simple. La democracia moderna comienza a tomar forma cuando en Inglaterra y Francia se asume que para evitar los abusos del poder hay que dividir el poder. Y es así como aparece y se consolida el principio de la separación de poderes. El Ejecutivo gobierna pero no legisla ni juzga, más bien se somete a las funciones propias del Poder Legislativo y el Poder Judicial.

El desacato de ese principio durante los últimos tiempos nos ha causado muchas complicaciones y ha contribuido a la pérdida de respeto a las instituciones y en general a la democracia. Lo que se expresa en las inéditas tasas de desaprobación del Congreso y del Ejecutivo.

La variante más extrema de la voluntad de erigir al justiciable por encima de la Justicia es la doctrina de Vladimir Cerrón y sus seguidores quienes pretenden desconocer la condena dictada por la Justicia, a la que llaman Justicia injusta.

Nada de eso ha impedido a un grupo de congresistas de la comisión de Constitución elaborar una iniciativa legislativa para reducir el número de votos necesarios cuando el Tribunal Constitucional tenga que adoptar algunas de sus decisiones. Actualmente se necesita contar con cinco votos sobre los siete tribunos, pero la iniciativa propone reducir la exigencia a cuatro votos.

¿Por qué? Los argumentos dados por los que defienden esa iniciativa no son convincentes. Lo que sí parece manifiesto es que el Congreso quiere ganar a toda costa la demanda competencial que ha presentado contra el Poder Judicial a propósito de dos miembros de la Junta Nacional de justicia. Y por eso podría votar una ley que modificaría un procedimiento en curso, para beneficio de los que promueven esa ley.

De poco sirve decir que esa ley entraría en vigencia cuando el Tribunal Constitucional haya decidido el conflicto competencial. ¿Cómo se puede saber? Lo razonable sería no alterar las reglas de funcionamiento de un Tribunal que podría fallar contra el Congreso. Y al hacerlo proteger nuestra democracia.

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