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Comenzamos la primera semana de la primavera con la esperanza de que logremos controlar los incendios forestales, enfrentar el auge de la delincuencia, esclarecer los casos de corrupción y reactivar la economía. Esos cuatro objetivos dependen en buena medida de la gestión adecuada de las entidades públicas, es decir de un ejercicio del poder político con objetivos claros y métodos que respeten la democracia y la eficiencia.
¿Por qué en estas circunstancias un grupo de congresistas de Perú Libre, de Podemos y de APP han logrado convencer a la mayoría de sus colegas de que ha llegado la hora de someter a control a los politólogos? ¿Para qué si no, crear por ley un Colegio profesional en el que deberán inscribirse obligatoriamente los que quieran ejercer como politólogos?
El tema se ha discutido hasta el hartazgo a propósito del periodismo. Sabemos que muchos de los grandes periodistas de nuestro país no han estudiado la carrera de comunicaciones y han ejercido su derecho a no inscribirse en un colegio profesional.
La congresista Adriana Tudela figura entre los pocos miembros del Congreso que se opusieron a una falsa buena idea y una verdadera operación de control del pensamiento y la crítica libres. Dijo que obligar a la inscripción en un colegio profesional de politólogos se asemeja a exigir “un cupo” para pensar, escribir o enseñar sobre las arbitrariedades que se cometen cada día en nuestro espacio público.
¿Llegará acaso el momento en que para ser escritor, historiador o filósofo haya que cotizar una mensualidad en un colegio profesional? De votarse en segunda lectura la ley favorecerá que los contratos a los politólogos estén condicionados a lealtades corporativistas. Y como ha dicho el politólogo Martín Tanaka que se limite el “pluralismo” de enfoque y método que enriquece nuestra democracia.
Las cosas como son
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