Actuales Decretos Legislativos son un retroceso, señaló Amnistía

Amnistía Internacional (AI) consideró hoy que unos decretos emitidos por el Ejecutivo de Perú, que legislan sobre los procesos judiciales de crímenes de lesa humanidad, son "un grave retroceso respecto de los derechos humanos".

"Los decretos legislativos adoptados el pasado miércoles en el Perú constituyen un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos y sientan las bases para una posible amnistía encubierta", afirmó en una nota de prensa la directora de AI en Perú, Silvia Loli.

Entre cuatro decretos promulgados destaca el 1097, en el que se señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la instrucción no se dicta sentencia.

La norma también indica que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

Este decreto ha sido duramente criticado por defensores de los derechos humanos en Perú, ya que puede permitir que militares, policías y políticos implicados en graves crímenes ocurridos entre 1980 y 2003 no sean sentenciados.

Algunas organizaciones civiles han señalado que incluso el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, podría beneficiarse de estos nuevos decretos y abandonar definitivamente la prisión.

Fujimori fue condenado en abril de 2009 por dos matanzas cometidas durante su régimen, en 1991 y 1992, por lo que, según los abogados de las organizaciones civiles, puede utilizar la nueva norma para cuestionar la validez de su sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC).

"La falta de empeño del Estado peruano en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, es una excusa para el cierre de las pesquisas contra personas acusadas de haber cometido dichos crímenes, lo cual podría constituir una amnistía encubierta", indicó hoy Loli.

AI también criticó el decreto 1094, que establece un nuevo Código de Justicia Militar Policial que, según la organización, permite que los crímenes de guerra estén sujetos a prescripción, así como que delitos de este tipo cometidos por civiles también sean juzgados en el fuero militar.

El Tribunal Constitucional peruano declaró en 2006 que la inclusión de crímenes de guerra en el Código de Justicia Militar era inconstitucional, recordó AI.

Según la organización, estos decretos "contravienen las obligaciones de Perú bajo el derecho internacional".

El ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, respondió hoy a las críticas contra las nuevas normas y descartó que con ellas se busque la impunidad o beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas.

"Yo no quiero impunidad, yo quiero que se castigue a los que se tiene que castigar, pero no en base a suposiciones o declaraciones. Que se encuentren las pruebas y si no se encuentran pruebas no se puede condenar", afirmó Rey a la agencia estatal Andina.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la guerra interna entre Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad entre 1980 y 2000 dejó 69.000 víctimas, más de la mitad de los cuales fueron responsabilidad del grupo senderista.

EFE