Análisis | Perú debate la castración química para violadores de menores

El jueves 17 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que condena a cadena perpetua a los violadores de menores de 14 años, e incluye la castración química en los casos que el juez considere pertinente. El debate recoge opiniones encontradas y se extiende con miras a la segunda votación en el Parlamento.

Especialistas consultados por RPP Noticias analizan las implicaciones médicas, sociales y legales de la propuesta.

Sin evidencia de reducción

La castración química consiste en la administración periódica de medicamentos que reducen la libido —al frenar la producción de testosterona—, y se aplica con el objetivo de impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan. Pero, ¿funciona?

De acuerdo a Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado, la evidencia científica en los países donde se ha implementado no ha demostrado disminución de la tasa de agresiones sexuales.

Según indica, lo que más ha funcionado en dichos países son los programas preventivos orientados a los primeros infractores. Esto implica intervención psicoterapéutica, apoyo psicológico continuo e intervención familiar. Además, recalca la inversión en salud mental y prevención de la violencia sexual.

Por otra parte, el Consejero Médico de RPP Noticias, doctor Elmer Huerta, explicó que la castración química tiene un efecto sobre el deseo sexual del pedófilo, pero no sobre la agresividad, por lo que no siempre es efectiva.

Otro de los cuestionamientos a la castración química tiene que ver con el elevado costo del procedimiento, gasto que no ha sido plasmado en el proyecto de ley. El urólogo Miguel Cárdenas informó a RPP que las ampollas para la castración tienen un costo entre S/ 300 y 1,000 y necesitan suministrarse mensualmente o trimestralmente para que surtan el efecto deseado.

Enfocarse en la prevención

Si se aprueba la ley, Perú se sumaría a una lista de países que han implementado esta sanción desde la década de 1990. En Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia, Corea del Sur y algunos estados de Estados Unidos, la castración química es forzada. En tanto, es voluntaria en Reino Unido, España, Francia y Australia.

Según Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro para la Mujer Peruana Flora Tristán, en estos países no se ha comprobado que la castración química garantice que el agresor no reincida. Ella explica que “la agresión sexual no tiene que ver con una libido irrefrenable de los agresores sexuales, sino con relaciones de poder que en el Perú no se están atendiendo”.

Para Meléndez, la castración química invisibiliza otros temas como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, la revisión de los agravantes planteados, la eliminación de beneficios penitenciarios, la capacitación de los operadores de justicia, y un incremento de las penas para los casos de violencia sexual contra mujeres adultas.

Además, considera que la base es la educación con enfoque de género para prevenir la violencia, y que “no tiene que ver con ideologías políticas, sino con una preocupación legítima y el futuro que estamos construyendo para nuestros niños y niñas, y para las mujeres”.

Incongruencias legales

Cynthia Silva, abogada penalista del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), considera que sería un despropósito aplicar la castración química junto a una pena de cadena perpetua. “No tiene sentido que, además de que el Estado se va a hacer cargo de su mantenimiento durante 35 años, se les van a administrar químicos cuando están recluidos y ya no son peligrosos para la sociedad”, dijo a RPP. 

Asimismo, afirma que la sanción afectaría derechos fundamentales al tratarse de un procedimiento invasivo: “los castigos físicos y químicos no están permitidos en el Código Penal porque atentan contra la integridad física y psicológica de los condenados”. 

Desde su punto de vista, las reformas legislativas deberían apuntar a la prevención, programas de reinserción social y educación con enfoque de género para niños y adolescentes.

Carlos J. Zelada, especialista en derecho constitucional e internacional, encuentra dos incongruencias de la sanción respecto al marco legal peruano. La primera tiene que ver con la finalidad de las penas en el Perú. “La Constitución establece que la finalidad es resocializar. Pero por la manera como está propuesta la castración química, no se orienta a la resocialización, sino que parece más una forma de venganza o ensañamiento con el agresor”, comenta a RPP.

El otro nivel tiene que ver con el marco internacional de derechos humanos por tratarse de una medida forzada. “La castración química es contradictoria con la integridad de la persona, un concepto muy importante en la Constitución y en los tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado”, comenta Zelada.

El también docente de la Universidad del Pacífico remarca que el Perú es parte de tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyos enfoques se orientan a proteger a los menores y a garantizar la no repetición. Cuando ocurren estos casos, “se debe realizar modificaciones de políticas públicas y legislativas para que esto no vuelva a suceder en el futuro”.

Sin embargo, y a pesar de estos serios reparos, el legislador César Vásquez, uno de los congresistas que propuso la castración química, afirma que la medida debería aplicarse no solamente a los violadores de menores, sino a cualquier sentenciado por violación. Anunció en TV Perú que presentará esta propuesta en el debate antes de la segunda votación. Su aprobación dependerá del Pleno.