El titular de Justicia, Víctor García Toma, instó a pobladores de la provincia arequipeña manifestarse respetando el orden, la propiedad y el libre tránsito; de lo contrario, advirtió, ´el Estado actuará´.
El sur peruano se vuelve a paralizar, al tiempo que se hacen los esfuerzos máximos para evitar actos extremos durante las movilizaciones.
Al respecto, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, instó a los grupos opositores al proyecto cuprífero manifestarse respetando el orden y la tranquilidad ciudadana durante los días que dure la huelga.
Indicó que la Constitución salvaguarda la libertad de los ciudadanos de manifestarse, y reunirse de manera pacífica y sin armas, pero si se afecta la propiedad pública o privada, el libre tránsito, la vida e integridad física de las personas, el Estado está en todo su derecho de actuar a través del Ministerio del Interior y de Justicia.
"Los derechos tienen que ser ejercitados con sano juicio, preservando el orden, la tranquilidad y el respeto a los derechos ajenos", indicó a la agencia Andina.
Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Manuel Amat, informó haber sostenido una reunión con diversas autoridades de Islay a quienes se les explicó las implicancias penales si se atenta contra la tranquilidad de la población.
Al respecto, detalló que los efectivos de la Policía Nacional también han sido informados sobre las medidas relacionadas al restablecimiento del orden, a fin de que se efectúe "adoptando criterios de proporcionalidad".
Explicó que la posición de la población es extrema, pues no quieren "que la empresa utilice el agua del subsuelo. No desean que exista ningún tipo de empresa minera en el lugar".
Como se recuerda, diversos grupos opositores al proyecto Tía María anunciaron para hoy el inicio de un paro indefinido en la provincia arequipeña de Islay, días antes de la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) prevista para el 19 de abril.
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