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por Redacción RPP
·La sanción fue impuesta a la minera Caudalosa por el derrame de una de sus pozas de relaves al río Escalera y sus afluentes.
La minera Caudalosa, que derramó vertidos tóxicos en un río de la región Huancavelica, deberá pagar al Estado una multa de 36 millones de soles (12,7 millones de dólares), según una sanción de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
En un comunicado, la ANA informó de la sanción impuesta, equivalente a 10.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por los daños ocasionados al río Escalera y sus afluentes, después de que el pasado 25 de junio una poza de relaves (desechos) de la citada minera se derramara en un río de esa región.
Como resultado, al menos 21.420 metros cúbicos de desechos fueron vertidos y contaminaron el 100% del caudal de agua del río Escalera, así como de sus afluentes Huachocolpa, Opamayo y Lircay, según los análisis realizados por la Autoridad del Agua de Huancavelica.
El vertido afectó a diez comunidades andinas, el agua e incluso a animales, ya que algunos metales sobrepasaron el nivel permitido hasta en un 50% en los ríos afectados.
Según los estudios, difundidos por el portal elcomercio.pe, las concentraciones de cadmio llegaron a 0,225 miligramos por litro de agua, cuando el máximo permitido es de 0,005; las de manganeso alcanzaron los 7,867 miligramos, cuando el máximo es de 0,2; las de plomo, 0,949 miligramos, más de 18 veces el límite permitido; y se detectó arsénico, cobre y hierro.
En declaraciones recogidas por el portal, el jefe de Planeamiento de Obras de la minera, Guillermo Dongo, se mostró preocupado por el monto de la multa, ya que existe una posibilidad de nueva sanción por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Este organismo estatal decidió recientemente paralizar la actividad de Caudalosa en la zona, días después de que el Gobierno declarara la "emergencia ambiental" por noventa días en el distrito de Huachocolpa para permitir "la recuperación de la calidad ambiental y condiciones de vida en la zona afectada".
En su momento, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que reúne a agrupaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, acusó a la minera de no alertar a la población cuando se produjo el derrame y de no cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que exige la ley.
EFE
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