Nakazaki advierte que "puede haber penas de cárcel efectiva" por toma de carreteras en protestas

El abogado penalista César Nakazaki consideró que la toma de carreteras en distintas partes del país como medida de protesta representa una afectación al servicio de transporte público y, en consecuencia, "puede haber penas de cárceles efectiva". Agregó que, si a esto se suman la exposición al peligro de las personas, se suman más delitos.

"El derecho a la protesta tiene un límite en la no comisión de delitos. Todos podemos protestar, siempre y cuando esa protesta no implique la comisión de delitos (…) El Código Penal contempla como delito la afectación de los servicios públicos y del transporte público, por eso señalamos que el derecho a la protesta tiene un límite", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado explicó que si como parte de estas protestas ocurren muertes o lesiones, quienes han tomado las carreteras "resultan responsables" y se puede llegar "a un concurso de delitos y a penas efectivas muy graves". Nakazaki detalló que solo por interrumpir el servicio de transporte se pueden dictar penas de hasta 8 años.

El abogado explicó que esta pena corresponde en caso de que ocurran episodios de violencia y se atente contra la salud y la propiedad pública. En ese sentido, precisó que la ley actual establece que por cada delito en el que incurra un manifestante se suman penas y se puede llegar hasta una sanción de 35 años de pena privativa de la libertad.

Finalmente, señaló que se debe identificar a los dirigentes que organizan estas protestas en distintas partes del país; no obstante, indicó que también hay responsabilidad en "los que crean la situación de peligro". Sobre estos últimos, señaló que la ley establece que "son responsables por todas las víctimas fruto de esta situación".

"Si yo interrumpo la carretera intencionalmente y digo que nadie pasa, me vuelvo responsable de todas las muertes que se generen en esos pasajeros. Crear situaciones se peligro se pueden convertir hasta en homicidas (…) El problema no es que no hayas leyes para dar el castigo, sino que no hay la decisión de ver los casos", sentenció.

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