Empresa implicada en muerte de turista admitió que operó pese a prohibición, según la Policía

La Policía aseguró que el dueño de la empresa Perú Zip Line, Mario Meza, detenido por la muerte de una turista y un asistente de guía en Maras aceptó que pese a la prohibición que le impuso Dircetur el 12 de febrero, continuó con el servicio.

“Efectivamente el señor indica, después de que se ha tomado su declaración, que no hizo caso a la disposición del Ministerio Público (y) de la Dircetur.  El señor muy tercamente ha continuado con su actividad, él acepta eso”, dijo el comisario de Maras, Carlos Aucaise.

La tarde del último miércoles Milushka Pacheco y el asistente de un guía turístico, Vincer Quispe Reyes murieron cuando practicaban tirolesa entre los cerros del distrito de Maras por la rotura del cable de acero inoxidable que los sujetaba. 

Aucaise detalló que el enamorado de la turista, Arturo Gabrielli de nacionalidad italiana iba a deslizarse por el cable de acero después de ella, pero fue testigo de cómo se cortó el cable y luego cayó al precipicio. Ahora él y la familia de la víctima esperan recuperar el cuerpo que permanece en la morgue de la provincia de Urubamba.

RPP noticias entrevistó también al subgerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Maras, Wilfredo Anchari, quien dijo que la empresa fue notificada e intervenida por Dircetur, pero a pesar de ello no cumplieron con todas las recomendaciones que se les hicieron.

“Como Municipalidad nos faculta notificar a esas instituciones que se dedican a ese rubro, nosotros hemos cumplido con la notificación a la empresa, porque anteriormente hubo un incidente similar a este, entonces el ente competente para poder dar los permisos es el Dircetur”, indicó. 

El Capitán Marco Llanos Lara, jefe de la División de Alta Montaña, afirmó que Dircetur es el encargado de fiscalizar y otorgar permisos para deportes de aventura. Aseguró que se ha comunicado con la institución para visitar la zona del accidente, aunque todavía no recibieron la orden de inmovilizar los equipos de la empresa denunciada.