Ordenan 36 meses de prisión contra “Los Injertos de Zanja Honda”

El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra nueve presuntos integrantes de “Los Injertos de Zanja Honda”, organización dedicada a la usurpación de terrenos y que operaba en las provincias de Jaén (Cajamarca) y Chiclayo en Lambayeque.

En este sentido, serán recluidos en el establecimiento penitenciario ex - Picsi, los investigados Yesmín Jibaja Castillo, (a) ‘Blanca’, sindicada como cabecilla; Orlando Ocaña Núñez; Rosalía Corrales Lozada; Esther Marichín Lancha; Faustino Corrales Lozada; Henry Ventura Cárdenas; Norma Fernández Ajip y Sandra Díaz Millán. Asimismo, se dispuso la ubicación y captura del abogado Manuel Jara Malaver, quien hace unos días salió en libertad.

Los representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, Juan Francisco Mogollón Castillo, Wilfredo Casas Ramírez y Miguel Córdoba Santos, fueron los encargados de fundamentar el requerimiento de prisión por los delitos de usurpación agravada, extorsión, robo, entre otros.

Según la Fiscalía, la red está integrada por 32 personas, los cuales desde el 2012 se reparten diversas tareas y habrían registrado a la Asociación Pro Vivienda “Los Pakamuros del Valle Jaén”, la misma que utilizaban para supuestamente actuar al margen de la ley.

Tras la audiencia de 14 horas y de acuerdo con las declaraciones de colaboradores eficaces, testigos, informes de inteligencia de la Policía Nacional y otros, se determinó la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los investigados con los cargos. Los abogados apelaron el fallo, mientras que los fiscales se mostraron conformes.

Al término, algunos familiares de los imputados rechazaron el mandato e intentaron agredir físicamente a representantes del Ministerio Público, cuando abandonaban la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Cabe recordar que “Los Injertos de Zanja Honda” fue desarticulada el pasado 24 de agosto, luego que el Ministerio Público obtuviera la orden de allanamiento, descerraje, registro en inmuebles e incautación. La intervención movilizó a 25 fiscales procedentes de Cajamarca, Lambayeque, Lima, El Santa, Piura, San Martín y Tumbes; así como a 200 efectivos policiales.