Sin embargo, el presidente del Congreso consideró descabellado que se pida la detención con fines de extradición de una persona de 90 años, habiendo medios tecnológicos para recoger su declaración.
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, consideró que si el expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez fue requerido por la justicia de Argentina por su participación en el denominado Plan Cóndor está en la obligación de responder.
Sostuvo que los operativos en cumplimiento a este plan, fueron hechos ‘gravísimos’, y que efectivamente están vinculados a Morales Bermúdez.
“El tendrá que ser procesado como cualquier persona que ha cometido un delito de lesa humanidad”, indicó.
Sin embargo, consideró ‘descabellado’ que la justicia argentina haya pedido la captura internacional del exmandatario con fines de extradición.
“Me parece fuera de lugar que se pida la extradición de una persona que bordea los 90 años. Me parece que hay otros medios tecnológicos para que se le pueda tomar su manifestación”, señaló.
El titular del Parlamento refirió que el gobierno peruano actuará conforme a ley en este caso.
Esta mañana se dio a conocer que un juez federal argentino pidió la captura internacional del expresidente Morales Bermúdez (1975-1980), acusado del secuestro de 13 opositores a su gobierno que fueron llevados a Argentina como parte del llamado "Plan Cóndor".
El magistrado Norberto Oyarbide envió el miércoles a la Cancillería argentina la solicitud de detención "provisoria y preventiva" con fines de extradición del exdictador, de 90 años, agregaron.
Oyarbide pidió además la colaboración de Interpol para la captura de Morales Bermúdez, acusado del secuestro y el traslado de 13 opositores políticos en 1978 desde Perú hacia Argentina al calor del "Plan Cóndor", como se denomina a las acciones represivas coordinadas llevadas a cabo por las dictaduras instaladas en el Cono Sur en los años 70 y 80.
La causa fue iniciada a raíz de una denuncia de Ricardo Napurí Schapiro, una de los 13 opositores capturados el 25 de mayo de 1978 por "actividades subversivas" en Perú y deportados posteriormente a Argentina, según la presentación.
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