Amnistía: esterilizaciones forzadas no deben quedar impunes

A pesar de los años transcurridos, las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de mujeres en el gobierno fujimorista no deben quedar impunes, y se debe resarcir y dar justicia a las víctimas, expresó la directora de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Marina Navarro.

Detalló que, con ese objetivo, este movimiento defensor de los derechos humanos ha lanzado una campaña que entre sus fines busca la creación, por parte del Gobierno, de un registro único de mujeres víctimas que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1996 y el año 2000.

Esta campaña, denominada “Contra su voluntad: un registro único, miles de historias”, también apunta a que la ciudadanía se sensibilice y se sume a esta petición, a fin que se generen las condiciones que permitan identificar a las afectadas y otorgarles una reparación integral adecuada.

“Consideramos que a 18 años de haber recogido los primeros casos es realmente indignante que no se haya hecho nada por esta víctimas. Los derechos humanos deben estar por encima de cualquier gobierno y la lucha contra la impunidad es básica”, apuntó en un desayuno de trabajo, en la sede de AI, en Miraflores.

Navarro señaló que hasta el momento no se conoce con exactitud a cuántas mujeres se esterilizó en el segundo régimen fujimorista, pero las cifras estimadas indican que las víctimas superan las 270,000 y que la evidencia de aquellas que pudieron se identificadas apunta a poco más de 2,000.

Esta última cifra, añadió, representa solo una pequeña parte del total de mujeres afectadas en esos años y, a la fecha, solo un caso ha sido judicializado e incluso llevado al sistema interamericano: el de Mamérita Mestanza, quien murió como causa directa de su esterilización.

“Se trata de un daño que ya está hecho, que no debe quedar impune, que debe sancionarse, porque constituye una vulneración grave de los derechos humanos. Estas mujeres necesitan acceso a la justicia y a una reparación para que esto no vuelva a ocurrir”, remarcó Navarro.

Explicó que la campaña comprende la recolección de firmas, por internet y también de manera física, así como la obtención de testimonios simbólicos de las principales afectadas para tomar conciencia respecto de la magnitud de esta afectación a los derechos humanos.

CONSECUENCIAS DE LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS

 Según refirió, las mujeres sometidas a esterilización forzada sufren una serie de consecuencias, como daños psicológicos, dolores de espalda y de abdomen, así como infertilidad definitiva, dolores de piernas y dificultades para caminar. 

Para Navarro, la apertura de este registro es el primer paso para que estas víctimas logren justicia y puedan recibir las reparaciones que correspondan después de tantos años de haber sufrido esta violación a sus derechos fundamentales, pues en muchos casos -dijo- fueron esterilizadas con engaños.

“Algunas fueron llevadas a esterilizar en contra de su voluntad, o a cambio de compensaciones de alimentos, o con engaños les decían que si no se sometían a esterilización iban a recibir sanciones. Tampoco les daban dar la información necesaria”, manifestó.

La directora ejecutiva de AI aprovechó la ocasión para dejar en claro que esta campaña y esta petición están ajenas a cualquier motivación política, a pesar que se formula ad portas de una campaña electoral en la que interviene Keiko Fujimori, hija de quien fue presidente en la época de las esterilizaciones forzosas.

“Amnistía Internacional es un movimiento que no tiene ninguna afinidad con ningún partido político. Esperamos que este tema se aborde lo más que se pueda y que haya un gran debate que lleve a la justicia y a la reparación para las víctimas”, subrayó, al considerar que el caso debe ser reabierto.

Se espera que en agosto culmine una primera etapa de recojo de adhesiones a esta campaña y luego de ello harán llegar las firmas a las máximas autoridades del país para que atiendan este pedido y se logre la apertura de un registro oficial de víctimas.

Los interesados en participar de esta campaña, que espera la apertura de un registro preliminar de víctimas en el plazo de un año, pueden firmar de manera virtual en la página web www.contrasuvoluntad.pe

El 10 de mayo de este año, el Ministerio Público reabrió la investigación sobre las denuncias de 2,074 mujeres que indican haber sido esterilizadas forzadamente, y esta entidad decidirá en agosto si continúa con el caso o lo archiva de forma definitiva.

Datos citados por AI indican que el 53 por ciento de mujeres de 19 regiones que fueron sometidas a estas esterilizaciones pertenecía a zonas rurales, el 28 por ciento al sector urbano y el 19 por ciento a las zonas urbano marginales. Además, el 38 por ciento de esterilizaciones se hizo en los departamentos más pobres del país.

Andina

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