Los denunciantes también anunciaron que se prevé fomentar la creación de una Comisión de la Verdad para determinar la magnitud de los hechos y contribuir con la identificación de los responsables.
El 20 de agosto de 2024, un grupo de juristas y políticos denunció a la presidenta Dina Boluarte y a otros funcionarios de su Gobierno ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes en las protestas antigubernamentales registradas a fines de 2022 e inicios de 2023.
A más de seis meses, la comitiva anunció este jueves que ampliaron los alcances de la denuncia contra la jefa de Estado ante la instancia con sede en La Haya, debido a que han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades presuntamente implicadas en la muerte de 49 personas.
El documento está suscrito por personajes como Walter Albán, exdefensor del Pueblo; Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros; Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca; Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA; Indira Huilca, excongresista; Sonaly Tuesta, exviceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; entre otras personalidades.
“La ampliación se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimiento jurídicos de la CPI”, se lee en una carta a la que accedió RPP.

Los denunciantes señalan también que hasta el momento nadie purga condena por los “abominables ilícitos penales” y que el caso aún no se ha llevado a juicio.
“Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos”, detallaron.
Asimismo, informaron que, con el apoyo de organizaciones internacionales, prevén promover la creación de una Comisión de la Verdad, que determine con precisión la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de todos los responsables.
“En nuestra anterior declaración, citamos al gran historiador tacneño Jorge Basadre. Esta vez asumimos una frase de otro gran peruano, Manuel González Prada: “El patriotismo no es amor a la tierra sino a la justicia”, finaliza el escrito.
Los fundamentos de la denuncia
Los denunciantes señalaron, a la hora de acudir a la CPI en agosto pasado, que la acusación se interpuso tras haber "absuelto pausadamente todos los requerimientos legales, de acuerdo con las exigencias de la citada corte, y actuado con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana".
En ese sentido, precisaron que tienen "la justa expectativa de que se abra una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar".
"Fundamentan nuestra denuncia categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional", indicaron.
Además, señalaron que el país atraviesa "una de las etapas más críticas de nuestra historia, caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa y muy graves violaciones de los derechos humanos que no pueden, no deben, quedar en la más absoluta impunidad".
Te recomendamos
Comparte esta noticia