El Pleno del Congreso aprobó iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que modifica el artículo 369 del Código Penal.
El Pleno del Congreso aprobó un proyecto para sancionar con pena privativa de la libertad, de entre dos y cuatro años, a quienes mediante la violencia o amenaza, impidan a una autoridad elegida en un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal; juramentar, asumir o ejercer sus funciones.
La iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, que modifica el artículo 369º del Código Penal, fue aprobada con 52 votos a favor y 15 en contra.
El congresista Rolando Sousa, quien presentó los argumentos del proyecto, refirió que el texto actual establece penas entre uno a tres años y que se requiere una ampliación de estas para frenar actos de violencia que en los últimos años ha provocado la interrupción de hasta 15 procesos en distintas jurisdicciones del país.
Dijo que la iniciativa plantea, además, la inhabilitación en caso de que sean funcionarios o trabajadores públicos los que impidan el normal desarrollo de las elecciones, la juramentación o asunción del cargo.
Sousa, quien preside la Comisión de Justicia, señaló que el objetivo de la propuesta es penalizar la conducta de los candidatos o de ex autoridades que perturban el gobierno de un pueblo a través de actos violentos.
Una nueva consulta al Pleno del Parlamento, que registró 53 votos a favor y 14 en contra, la exoneró de una segunda votación.
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