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por Sergio Espinoza
·En Prueba de Fuego, el abogado Carlos Rivera señaló que hay un “pacto de impunidad” entre la presidenta Dina Boluarte y algunas fuerzas políticas del Congreso.
Carlos Rivera, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, criticó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivara la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros, por su presuntas responsabilidad en las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en diciembre de 2022.
En el programa Prueba de Fuego, Rivera alegó que el archivamiento de la denuncia constitucional que presentó el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, demuestra una “pacto de impunidad” entre la jefa de Estado y las fuerzas políticas del Congreso.
“No nos sorprende porque se da en un contexto en el que es recontra evidente que hay un pacto de impunidad entre la presidenta y las fuerzas políticas que controlan el Congreso. Sí me llama la gracia que el [ponente del] informe del congresista Jerí tenga como argumento que no hay evidencia suficiente”, declaró.
El letrado también rechazó que José Jerí, legislador de Somos Perú y ponente del informe que recomendaba archivar la denuncia constitucional, dijera que no hay pruebas suficientes que acrediten fehacientemente la existencia de una “conducta típica antijurídica” por parte de Boluarte Zegarra.
Rivera precisó que el caso presentado por la Fiscalía de la Nación es “suficientemente potente”, pues – enfatizó – que los resultados de la investigación fiscal dan cuenta de que la mandataria estaba “debidamente informada” sobre los acontecimientos en las protestas.
“Lo que tiene en sus manos la Fiscalía hacia julio del año pasado es una investigación lo suficientemente potente, que da cuenta de al menos diez acontecimientos en los que se han producido asesinatos […]. La Fiscalía determina que la presidenta tiene perfecto conocimiento y está debidamente informada. Y la tesis es que la presidenta no hizo nada a pesar de tener atribuciones legales para impedir el resultado de [estos] acontecimientos”, apuntó.
¿Deudos de fallecidos podrían acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Asimismo, comentó que es complicado que el Ministerio Público presente otra denuncia constitucional por este caso ante un nuevo Congreso, dado que debería presentar “nueva evidencia”.
No obstante, señaló que los deudos de los fallecidos podrían acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que podría determinar que la decisión de la subcomisión “enmarca un cuadro de impunidad”.
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