Cateriano: Compras reservadas ya han sido comunicadas a la Contraloría

Todos los expedientes de compra para las 10 bases antiterroristas que serán construidas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) han sido derivados a la Contraloría para su evaluación, informó hoy el ministro de Defensa, Pedro Cateriano.

Agregó que las compras para la edificación de esas bases, que podrán ser desmontadas y reubicadas en lugares diferentes, se realizarán con carácter de secreto militar establecido en el decreto supremo 052-2001-PCM del gobierno de Valentín Paniagua.

En conferencia de prensa, señaló que esa norma se encuentra vigente, y que una de sus disposiciones establece precisamente que las adquisiciones de carácter castrense que sean secretas, deben ser informadas previamente a la Contraloría.

“Todos los expedientes relacionados a las diez bases que vamos a construir y establecer en la zona del Vraem ya han sido remitidos a la Contraloría, y la Contraloría debe verificar que esos expedientes tengan un expediente técnico y legal”, subrayó.

Y si la Contraloría encuentra alguna objeción, adelantó que el Ministerio de Defensa deberá subsanar esa observación para efectuar las contrataciones requeridas.

Por ello, consideró injusto que se pretenda comparar la apelación a mecanismo de adquisición, con lo que se hizo en la década de los noventa.

El ministro Cateriano precisó que tras la evaluación de los expedientes, la subsanación de eventuales observaciones, y la ejecución de las obras, su sector deberá informar del proceso al Congreso de la República y del Consejo de Defensa.

“La primera compra que vamos a hacer al amparo de esta legislación va a ser la de las bases militares, por tratarse de un asunto urgente (...) Resulta injusto que comparen este mecanismo de adquisición con el que existió en el pasado”, declaró.

Durante su exposición, argumentó que su sector ha optado por efectuar esta adquisición por dos motivos: el primero es por la urgencia de contar con bases en el Vraem para contrarrestar a los remanentes terroristas en alianza con las bandas narcotraficantes.

Como segunda razón, refirió que por una cuestión estratégica no puede informarse de manera pública las características o la ubicación de esas bases; de lo contrario, se estaría alertando al narcoterrorismo de cómo el Estado los va a combatir.

En una situación como esta, crítica, en donde hay una presencia importante del terrorismo, no puedo dar facilidades ni correr riesgos para poner en situación compleja a los trabajadores, soldados y oficiales que van a realizar esas labores”, comentó.

En todo caso, expresó que el sector Defensa podría utilizar nuevamente esta norma, modificada por el decreto supremo 205-2012-EF, sólo si hay una situación de emergencia probada.

“Pero por norma no usaremos este dispositivo legal, no es mandatario, solo es potestativo, son para situaciones de carácter de emergencia o excepcional”, acotó.

Andina