CIDH demanda a Perú y Ecuador ante la Corte Interamericana

En el caso de Perú, la CIDH presentó una demanda por la violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de 233 miembros del Sindicato de Sedapal.
Foto: EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado a Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de atención médica a un preso, y a Perú por falta de protección judicial a unos sindicalistas.

El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó hoy de que elevó la denuncia contra Ecuador por el caso de Pedro Miguel Vera Vera, quien supuestamente falleció por falta de atención médica mientras permanecía bajo custodia estatal.

La muerte de Vera se produjo en 1993 y la CIDH lamenta que "los hechos no han sido esclarecidos ni los responsables identificados o sancionados".

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene el derecho de recurrir a la Corte Interamericana si observa que los Estados hacen caso omiso a las recomendaciones que ha establecido en un informe previo.

Según explicó la CIDH en un comunicado, Vera fue detenido el 12 de abril de 1993 por la Policía, y presentaba herida de arma de fuego, por lo que fue trasladado un hospital público.

Un día más tarde fue dado de alta y llevado a un centro de detención, donde permaneció cuatro días sin tratamiento médico. El 16 de abril se emitió un requerimiento judicial de traslado a un hospital para someterle a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, aunque el traslado se hizo al día siguiente la intervención se realizó el 22 de abril y horas después falleció. La CIDH lamenta "el sufrimiento físico y psíquico" y la muerte de Vera mientras permanecía bajo custodia estatal.

En el caso de Perú, la CIDH presentó una demanda por la violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de 233 miembros del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

La CIDH indica que el Estado aplicó varios decretos entre 1991 y 1992 con carácter retroactivo que eliminaron el sistema de escala salarial que regía para estos empleados "a pesar de que la Constitución Política aplicable establecía la garantía de no retroactividad de la ley".

El Estado de Perú reconoció su responsabilidad internacional por la falta de protección judicial en perjuicio de las víctimas; sin embargo, según la CIDH hasta ahora "no ha adoptado medidas efectivas para disponer una reparación adecuada". EFE

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