Porfirio Barrenechea, de la Defensoría, dijo que las entidades gubernamentales tienen que "hacer más" para evitar estallidos sociales.
De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, el Perú registró 225 conflictos sociales, 177 de ellos activos, en julio pasado. La mayor cantidad de casos se produjeron en la región norteña de Áncash (31) y las sureñas Apurímac (23) y Puno (17).
Pese a estas estadísticas, Porfirio Barrenechea, representante de esa institución, aseguró que “el Estado se va organizando cada vez mejor para atender” los conflictos que se producen a nivel nacional por causas, en la mayoría de los casos, socioambientales.
A través de RPP Noticias, reconoció que las entidades gubernamentales tienen que “hacer más” para evitar estallidos sociales; a la vez, admitió que hay un déficit en la etapa de prevención de los conflictos. “Todavía es una tarea pendiente el tema de la prevención”, expresó.
“Se atienden (los conflictos) a través de mesas de desarrollo, pero la idea es establecer el diálogo antes de la situación de crisis”, sostuvo Barrenechea.
Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales fueron los más numerosos con 148 casos, mientras que los causados por asuntos de gobierno local sumaron 20 y los ocasionados por demarcación territorial fueron 15.
La mayoría de conflictos socioambientales fueron producidos por la minería (107), hidrocarburos (19), por la actividad energética (8) y por temas forestales (4).
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