Ejecutivo será drástico con partícipes en conflictos sociales

El Gobierno será drástico para impulsar que quienes aprovechando los conflictos sociales generan violencia, bloquean carreteras y destruyen la propiedad pública y privada sean procesados por el Poder Judicial, afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor.

Dijo que no sancionar estos actos alienta una “impunidad perversa” que alienta a los agitadores a seguir actuando, porque saben que no tendrán que responder a la justicia.

“Hubo un tema de impunidad tremenda y a partir de ahora vamos a tomar una posición mucho más drástica en el Gobierno”, indicó señalando que se verificará que quienes comentan actos de violencia sean procesados y sancionados y paguen las reparaciones civiles al Estado.

Jiménez Mayor aclaró que ello no implica una actitud autoritaria del Ejecutivo, sino hacer respetar la ley por primera vez en el Perú.

Reveló que la Procuraduría tiene un millón y medio en pago de reparaciones por actos de vandalismo, que hasta ahora no ha podido ser cobrado.

“Lo que veo es una mano legal, la mano de la ley, haciéndose cumplir con la autoridad que corresponde, ese es el estado de derecho, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todo el mundo haga lo que le de la gana; tenemos que marcar una pauta, un antes y un después, y aquí la ley se tiene que cumplir, les guste o no les guste”, afirmó.

“No hay derecho de que manifestantes hagan actos violentos, entorpezcan carreteras, lancen piedras a los ómnibus, hagan cerrar los negocios y perturben el normal desenvolvimiento de las actividades en las ciudades, esto tiene que acabarse en algún momento”, agregó.

En ese marco, el titular de Justicia dijo que la orden de detención dictada contra el alcalde de Espinar, Oscar Mollehuanca, esta plenamente justificada, porque existen elementos probatorios de su vinculación con actos ilegales.

“Es una decisión judicial que tenemos que respetar todos; se han encontrado elementos de responsabilidad que motivan una investigación mayor (…) la fiscalía tiene los elementos para poder vincular una responsabilidad penal.

Andina