Los detalles de la estrategia coordinada para lucha anticorrupción

El Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República firmaron en la víspera un convenio de cooperación para la lucha anticorrupción, la que podrá énfasis en los casos que se cataloguen como graves, complejos y de repercusión nacional.

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, afirmó que la corrupción es uno de los fenómenos más graves que afectan en el aspecto político, social y económico, ante ello dijo que lo más efectivo es una lucha corporativa.

Dijo que si bien en 2011 se firmó un convenio tripartito entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría, ahora se han fijado los parámetros de trabajo por cada institución; en su caso dijo que se asignará una fiscalía especializada anticorrupción que atenderá los casos que presenten las características establecidas.

A su turno, el contralor Fuad Khoury Zarzar destacó la creación de un equipo de auditoría forense, cuya especialidad es la investigación y la detección de fraudes.

En este punto, apuntó que los peritos estarán a disposición del Ministerio Público. Resaltó además que los informes de control que emite su institución tendrán “carácter oficial”.

Asimismo, resaltó como novedoso que la Contraloría, en cualquier momento de su investigación, podrá -a pedido de parte- informarle a la Fiscalía sobre avances en las indagaciones.

Aclaró que se tratarían de informes preliminares de los hallazgos, lo que no consistiría en un adelanto de opinión.

A su turno, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, señaló que en el marco de este convenio tripartito, la Sala Penal Nacional será aprovechada para ver los delitos contra la administración pública, siempre que estos sean graves o complejos y de repercusión nacional o sus efectos superen el ámbito de un distrito judicial o se cometan por organizaciones delictivas.

Explicó que solo serán vistos en este subsistema nacional cuatro grupo delictivos: colusión agravada y peculado doloso, fórmulas de soborno o cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias.

"Conversando con el contralor auguramos que el número de causas que podrían derivarse a esta Sala Penal Nacional serán entre 40, 60, 70, pero serán causas relativamente complejas, fuertes, que van a demandar mucho tiempo e inversión de recursos y de logística", aseveró.

Añadió que el objetivo "autoimpuesto" de coordinación, monitoreo y evaluación del presente acuerdo y los compromisos asumidos estarán a cargo de un equipo interinstitucional que estará conformado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y la Contraloría.