Paro de transportistas: una ciudad expuesta al caos y la delincuencia

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El paro de transportistas que tuvo lugar ayer en Lima y Callao es un anticipo de lo que podría suceder si el Gobierno no deja su retórica vacía y define con firmeza políticas públicas. Bajo la presión de bancadas populistas, el Congreso ha aprobado leyes que perpetúan y amplían la informalidad en el transporte público. Y a la vez ha aprobado leyes que dificultan la acción de la Justicia para combatir la criminalidad organizada. 

El Gobierno ha carecido de iniciativas para evitar que se instale la sensación de pasividad y de búsqueda de impunidad. El espectáculo del tránsito en nuestras ciudades se ha degradado sin que el Gobierno reaccione. ¿Quién puede creer que es sostenible una empresa que compra buses de calidad, forma a su personal y paga salarios, mientras que las calles se ven inundadas por vehículos informales que no pagan licencia ni impuestos y que emplean a conductores que ganan al destajo? Está clarísimo que esa es la fórmula segura para la quiebra de empresas formales que invierten y la puerta abierta para extorsionadores que ofrecen la promesa de protección, conocida como chalequeo. 

Por lo demás, la Policía no ha sido efectiva contra organizaciones de extorsionadores que desde hace años han sometido a su yugo a ciudades como Trujillo. Las reuniones entre autoridades del Ejecutivo, representantes de los transportistas y funcionarios de ATU no han dado resultados. 

Las consecuencias las hemos visto ayer: trabajadores que no han podido trasladarse, alumnos que han debido faltar a sus clases, ciudadanos que han tenido que renunciar a sus citas porque no había vehículos capaces de trasladarnos. 

El Gobierno ha declarado en estado de emergencia 11 distritos de Lima y uno del Callao, a la vez que promete la presencia policial en los principales paraderos, con el apoyo de la Fuerza Armada. Lo que necesitamos es formalizar las empresas. Y acelerar la forma más segura y menos contaminante del transporte urbano: el metro subterráneo.

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