¿Por qué los mineros de Doe Run realizan un paro indefinido?

El gobierno anunció que si el 24 de julio la empresa no cumple con el PAMA y reinicia sus labores tendrá que cerrar y sus trabajadores serían reubicados.
Foto: EFE (referencial)
La huelga indefinida de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP), junto con el paro regional de la población en La Oroya, es para exigir que dicha empresa reinicie sus operaciones en el plazo acordado.

El plazo legal dado por el Congreso para que Doe Run cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), consiga financiamiento y reinicie sus operaciones es el 24 de julio próximo.

Si no cumple en esta fecha, el gobierno se verá obligado a cerrar definitivamente la minera. Cabe señalar que Doe Run ha incumplido varios plazos otorgados desde 1998, señala un diario local.

Al respecto, el presidente de la República, Alan García Pérez, sostuvo que dicha empresa de capitales estadounidenses ha tenido "muchas gollerías y excepciones a lo largo de muchos años" que les permitió continuar operando irregularmente.

Según dijo, la empresa aprovecha que tiene en sus manos la Carretera Central, una principal vía que es bloqueada por los trabajadores de la minera y sus familias cada vez que protestan.

También cuestionó que Doe Run se haya venido aprovechando de la necesidad de los trabajadores y la acusó de estar detrás del paro minero indefinido

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run Perú, Roiberto Guzmán, recalcó que esta vez la huelga indefinida es contra la empresa, ya que el gobierno ha hecho todos sus esfuerzos para ayudar, recoge un diario.

Por su parte, Doe Run Perú ha solicitado una serie de pedidos como que el Estado peruano modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, a fin de blindar a los accionistas y empresas afiliadas ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.

Además solicitan el fraccionamiento de su deuda con el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que supera los 760 millones de soles.

Asimismo exigen que se reduzcan los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre.

Por último piden la exoneración de todas las multas impuesta por Osinergmin por incumplir los compromisos establecidos en los 10 meses.

Estos puntos han sido rechazados reiteradamente por el gobierno de García Pérez.

Reconversión laboral
Si bien el cerrar la empresa perjudicaría a sus trabajadores, el Gobierno estudia un programa de reconversión laboral a fin de destinarlos a otros proyectos mineros en el país.