Julia Príncipe: "Yo no he renunciado, la ministra Pérez Tello me está botando"

Julia Príncipe ya no será más la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El anuncio lo hizo la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Luego de conocer esta decisión, la funcionaria dijo en Todo se Sabe de RPP Noticias que su salida del cargo no es una decisión que ella haya tomado, sino que la decidió la titular de esa cartera.

Revelaciones. "Estoy sorprendida por la declaración de la ministra. Ella ha anunciado que yo renuncié, yo no he renunciado. La ministra me está separando del cargo porque no acepté destituir a la procuradora Katherine Ampuero. Marisol Pérez Tello me está botando. Yo me acabo de enterar con la entrevista que me sacan del cargo", dijo la funcionaria.

Minutos antes, también en Todo se Sabe, la ministra de Justicia anunció que le "ha perdido la confianza" a la procuradora Katherine Ampuero y que planteó su salida. Ante esta decisión, Príncipe renunció a su cargo. Pérez Tello le había pedido quedarse, pero ella no accedió.

El caso. "Me pidió que la separara del cargo (a Ampuero) por el pedido de inhibición que formuló la procuradora ante el juez (Concepción) Carhuancho, que fue quien declaró fundado el requerimiento de la procuradora por el caso Olmos", dijo Príncipe en su conversación con RPP. Para la funcionaria, el Ejecutivo tiene que ver con su salida del cargo. Recordó que durante la gestión del presidente Ollanta Humala, también fue separada del cargo. "No es la primera vez que pasa", comentó. 

El origen de este caso se remonta a un pedido que hizo la procuraduría para que, mediante una acción legal, se impida que la empresa brasileña Odebrecht venda las acciones que tiene en el proyecto Olmos y así garantizar que paguen la reparación civil que le deben al Estado en el proceso que se les sigue por casos de corrupción. Esta medida contó con el respaldo del juez Richard Concepción Carhuancho.

Sin embargo, un grupo de los bancos, que tienen parte de las acreencias, presentaron un recurso ante la Sala Penal de Apelaciones para que la sanción quede sin efecto. Lo que se pide es que el decreto que impide que las acciones sean vendidas se prorrogue más allá de febrero de 2018, fecha límite del proceso. Según Katherine Ampuero, procuradora que presentó el pedido, ya se han recuperado al menos 57 millones de soles en favor del Estado.