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Rafael Belaúnde Llosa propone derogar leyes "procrimen" e implementar "cheque minero" para familias en pobreza extrema

"Hay que aprender del éxito que ha tenido el Perú en el pasado. Constituir un GEIN que tiene que operar en la base aérea de Las Palmas", dijo Belaúnde. | Fuente: RPP

En el bloque 'Precandidatos', de la cobertura El Poder en tus Manos de RPP, el precandidato presidencial de Libertad Popular aseguró que, en un eventual Gobierno, pedirá facultades legislativas para aplicar medidas contra la criminalidad y una mejor distribución del canon minero, entre otras iniciativas.

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Rafael Belaúnde Llosa, precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, consideró que la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato "son el principal flagelo y amenaza" para el desarrollo del Perú, por lo que buscará implementar nuevamente un Grupo Especial de Inteligencia que también involucre a las empresas de telecomunicaciones.

En el bloque 'Precandidatos', de la cobertura El Poder en tus Manos de RPP, el exministro de Energía y Minas detalló esta y otras propuestas para combatir la criminalidad.

"Hay que aprender del éxito que ha tenido el Perú en el pasado. Constituir un GEIN que tiene que operar en la base aérea de Las Palmas, donde debe haber fiscales ad hoc, jueces ad hoc, donde tienen que participar las empresas de telecomunicaciones, tienen que participar los bancos. Todo esto solo se puede hacer bajo un liderazgo claro del presidente de la República", manifestó.

Belaúnde Llosa también plantea la revisión de las leyes denominadas "procrimen" que supuestamente favorecen al crimen organizado, minería ilegal y que complican el trabajo de la Policía Nacional y Fiscalía contra las organizaciones delictivas.

"Ahora tienes que pedir cita previa antes de hacer el allanamiento, es una locura. Si hoy interviene una camioneta cargada de dinamita en la tolva, pero el que la conduce tiene un papel que dice Reinfo, no lo pueden detener, por eso que están dinamitando casas en Trujillo, o sea, la extorsión y la minería ilegal han encontrado aliados perfectos", apuntó.

Sostuvo que, de llegar al Gobierno, pedirá facultades legislativas para derogar estas normas "desde el día uno", a fin de que el Estado recupere los instrumentos legales que le permitan combatir la delincuencia, extorsión y sicariato.

En esa línea, cuestionó que el Congreso actual "se ha dedicado a estructurar un andamiaje que dificulta la acción de las fuerzas del orden y de la justicia".

"La cantidad de congresistas que extorsionan a sus trabajadores, mochándoles el sueldo, que han legislado en favor de un tipo de minería ilegal que trafica con explosivos, vinculada a actos violentos en Pataz. Es decir, hay en el Congreso, lamentablemente, bancadas 'procrimen'. Entonces, derogar esa legislación no necesita ninguna comisión, hay que derogarla desde el día uno (...) Hay partidos que en el fondo defienden una agenda criminal, prodelictiva", apuntó.

Inversión y minería

Por otro lado, mencionó que busca llevar a los peruanos "una propuesta de centro, de sentido común, pragmática, de justicia y reivindicación social". Agregó que en partes del país "se necesita que exista el Estado", pues no cuentan con servicios básicos como salud, agua ni vivienda.

"Si nosotros queremos ser un país con una economía moderna, un país integrado, unitario, con un proyecto de vida en común, integrador para todos los peruanos, el Estado peruano tiene un rol fundamental, y ese rol tiene que ver con llevar la institucionalidad, el acceso a la justicia, a la seguridad, a la salud y la educación, que es la clave del capital humano", sostuvo.

Aseguró que buscará incentivar "que los privados y el pequeño empresario arriesguen su capital" y evitar que el Estado le ponga trabas en ese proceso.

"Esa filosofía se complementa con un Estado que se asegure que existe infraestructura para que los productores lleguen a los mercados, para que los peruanos sean ciudadanos de alta productividad, con mejor salud y mejor educación", sostuvo.

Respecto a la minería, indicó que "se debe poner en valor" la riqueza minera del Perú respecto a otros países de la región, por lo que consideró importante que la población de las zonas de exploración minera en el país también debe sentir que esta actividad "les favorece".

Apuntó que, entre el 2022 y el 2024, se dejaron de ejecutar 17 460 millones de soles del canon minero, dinero que consideró está "mal priorizado" y tiene mucha corrupción alrededor de él, lo que deviene en su mal direccionamiento. Por ello, planteó una profunda reforma para evaluar cómo reasignar y distribuir estos grandes montos.

"Uno va, por ejemplo, a Espinar, donde después de casi 50 años de gran minería no tiene agua potable. Uno viaja por el corredor minero y ve el estado de las postas médicas, o de los colegios, o como un ciudadano tiene que meter el rebaño a su casa en la noche para no congelarse por el friaje. Entonces, si nosotros queremos poner en valor nuestro enorme potencial minero, tenemos que asegurarnos que esa renta genere también un beneficio a la gente que vive en las zonas asentadas en los asentamientos mineros, en las zonas mineras. Y ahí tiene que haber una profunda reforma en cómo se asigna el canon y cómo se distribuye", refirió.

Entre sus propuestas, Belaúnde incluye aplicar el cheque minero, que consiste en la entrega de un monto específico para familias que viven en zonas mineras y se encuentran en estado de pobreza extrema, una propuesta que -afirmó- se aplica en otras partes del mundo.

"Son algo así como 150 mil familias. Con una asignación de 4 000 soles al año, uno saca de la pobreza extrema a la población que está hoy asentada en los principales sitios mineros del Perú. Esos son, el 150 mil por 4 mil, 600, 700 millones de soles (...) A mayor actividad económica de la minería, más alto puede ser el cheque", comentó.

Según mencionó, hoy en día solo la empresa privada y el Estado se benefician del dinero de la minería, mientras que al poblador solo le tocan "los costos asociados a la actividad". "No individualiza el beneficio y eso mismo es aplicable también en el tema del gas. No puede ser que la política se lleve la renta, porque la renta no se la lleva el poblador, se la lleva el Gobierno regional, la municipalidad provincial, la municipalidad distrital y el Gobierno central", aseveró.

Critica al Congreso, José Jerí y Rafael López Aliaga

Belaúnde consideró que las apariciones públicas del presidente José Jerí, a diferencia de las de Dina Boluarte, representan "un mensaje político"; pero que este no ha dado resultados concretos. Para tenerlos, afirmó que se debe atacar "la raíz del problema en el Congreso y las leyes procrimen"; de lo contrario, "nada va a cambiar".

"El presidente Jerí, siendo una persona joven que tendrá una expectativa política hacia el futuro, se ha puesto las pilas de una forma en que la indolente y frívola señora Boluarte no quiso hacerlo, pero en estricto sentido es lo mismo, porque es el mismo contubernio el que lo sostiene a él, el que la sostuvo a ella, son los mismos titiriteros, el títere ha cambiado"

Así, calificó a Jerí como un "mascarón de proa" de las "verdaderas fuerzas del Gobierno y del poder" que han cogobernado el país desde el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Belaúnde también se refirió a su contendiente en la carrera por la Presidencia, Rafael López Aliaga, y reprochó su labor como alcalde de Lima, asegurando que su gestión "debe ser la que menos obra física real ha hecho desde los años 80" y cuestionando obras como la Vía Expresa Sur.

Asimismo, aseguró que López Aliaga convirtió al parque de La Muralla "en depósito de chatarra", en referencia a los vagones donados por Estados Unidos para el tren Lima-Chosica que se encuentran guardados en dicho espacio.

Criticó también que el exburgomaestre haya dejado a la municipalidad con juicios y deudas pendientes que acabarán pagando todos los peruanos. "Este juicio con Brookfield nos va a costar no solamente a los limeños y no solamente a los que usan el peaje, a todos los peruanos, 3 700 millones de dólares", comentó.

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