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por Wendy Milla Loo
·Joseph Campos, abogado de la mandataria, indicó que no había “ni una sola prueba” que vincule a Boluarte con los fallecimientos ocurridos durante las protestas sociales de fines de 2022 e inicios de 2023.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó ayer, viernes, el informe final que recomendaba archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros, por su presunta responsabilidad en las muertes registradas durante las protestas sociales que se iniciaron en diciembre de 2022.
Al respecto, Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte en la denuncia que enfrenta por este caso, señaló que la decisión del Parlamento no solo responde al artículo 117 de la Constitución, el cual señala que un mandatario en funciones no puede ser acusado penalmente, sino también a que no había “ni una sola prueba” en contra de la jefa de Estado.
“No solamente está el [artículo] 117, que es suficiente. […] Es importante establecer a la población que no existe ni una, pero ni una sola prueba que haya devenido en la conclusión de que la presidenta ordenó algo; por el contrario, lo que ha quedado completamente confirmado es que la presidenta instruyó el control del orden público respetando los derechos humanos”, indicó Campos en Ampliación de Noticias.
Asimismo, el letrado reiteró que la presidenta Boluarte “tenía que controlar el orden público” durante las manifestaciones, pero “respetando los derechos humanos”.
“Lo que ocurría en ese momento era una violencia inusitada, una violencia provocada por alguien que efectivamente quería generar eso. Frente a esa decisión que no acababa, administrada de una manera tal que incluso la pararon para Navidad y Año Nuevo, con precisión, tenía que ocurrir un deber constitucional, que es lo que finalmente creo que -al final- se va a tener que evaluar bien, que es que frente a la violencia que no cesaba, tenía que existir una orden de control, la orden pública”, acotó.
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Carlos Rivera rechazó archivo de denuncia constitucional contra Boluarte por muertes en protestas
En el programa Prueba de Fuego, el letrado alegó que el archivamiento de la denuncia constitucional que presentó el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, demuestra un “pacto de impunidad” entre la jefa de Estado y las fuerzas políticas del Congreso.
“No nos sorprende porque se da en un contexto en el que es recontra evidente que hay un pacto de impunidad entre la presidenta y las fuerzas políticas que controlan el Congreso. Sí me llama la gracia que el [ponente del] informe del congresista Jerí tenga como argumento que no hay evidencia suficiente”, declaró.
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