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Cuatro fiscales supremos son denunciados por presuntamente no acatar la ley que otorga facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional.
Samuel Abad, abogado de la Junta de Fiscales Supremos, dijo esperar que la denuncia constitucional contra sus defendidos, que se está viendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pase al archivo porque existen "violaciones claras" al debido proceso.
"Esperemos que el informe (que elabore) el congresista Esdras Medina sea un informe que busque el archivamiento de esta causa. Confiemos en eso, hay que presumir la buena fe", manifestó este viernes en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.
Abad explicó que los cuatro fiscales supremos que defiende fueron denunciados por presuntamente no acatar la ley que otorga facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional. No obstante, explicó que el Parlamento no puede ser "juez y parte" en este proceso.
"Existen violaciones claras al debido proceso, la audiencia de hoy ha sido secreta sin ninguna justificación. El Congreso no puede ser juez y parte, si el Parlamento considera que el reglamento de un órgano autónomo viola su ley que aprobaron, entonces que vayan al Poder Judicial. Además, los congresistas están siendo investigados por el Ministerio Público, hay una relación importante de legisladores investigados", explicó.
Abad también cuestionó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales muchos congresistas prefirieron sesionar por zoom en lugar de estar presentes en el lugar.
"No es posible que porque se considera que un reglamento se viola una ley (aprobada por el Congreso) se lleve a cuatro fiscales supremos al Parlamento para que los destituyan, eso es una absoluta arbitrariedad", remarcó el abogado.
Los parlamentarios denunciaron a Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y usurpación de funciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará un informe sobre el caso que de ser aprobado pasará a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso en la próxima legislatura.
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