El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, llamó a una Junta de Fiscales para este lunes. | Fuente: Andina

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La semana que comienza debe ser aprovechada para salir de los bloqueos a los que se enfrentan nuestras instituciones. Al fin y al cabo, la política es el arte de velar por el bien público, la República, respetando los intereses legítimos y a veces contradictorios de los particulares.

En las circunstancias actuales el bien público amenazado es el uso adecuado de los recursos del Estado y la correcta administración de la justicia. En el Perú de hoy ni los ciudadanos ni las empresas confían en que sus esfuerzos e inversiones puedan llevarse a cabo de acuerdo con la ley.

Se multiplican los indicios sobre complicidades entre fiscales, jueces, funcionarios, empresarios y políticos. El congresista Juan Sheput ha sustentado una denuncia contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que debe ser procesada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Chávarry ha reaccionado afirmando que las denuncias carecen de pruebas y presentándose como una víctima de un plan para desestabilizarlo.

Como argumento final, Chávarry lanza un desafió que escarapela la piel: “Díganme si existe un solo pez gordo de la corrupción que haya sido detenido durante los últimos años”. Es decir, el titular de la investigación penal, para defenderse de graves acusaciones nos enrostra la triste situación de nuestro país: hemos atravesado dos años de investigaciones desde que estalló el escándalo Lava Jato y dos meses desde la difusión de los primeros audios, y todo se reduce por ahora a reproches recíprocos por mentir, por participar en reuniones negadas y por usar el poder para beneficiar a amigos y “hermanos”.

El presidente de la República ha solicitado que el Fiscal de la Nación dé un paso al costado mientras el Congreso investiga las acusaciones que pesan sobre él. Chávarry ha convocado para hoy una junta de Fiscales supremos y superiores, que difícilmente podrá contrariar la posición de su jefe. Parece que estuviéramos ante una triste repetición del caso del ex Fiscal Carlos Ramos Heredia, quien se vio obligado a dejar el cargo después de haber prolongado su agonía y contribuido a reducir la confianza en la institución que dirigía.

La lucha contra la corrupción derivada del narcotráfico e infiltrada en la institución judicial no es fácil en ninguna parte del mundo. Al cabo de varios presidentes cuestionados y miles de muertos, Guatemala optó por solicitar a la ONU la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, presidida por el impecable jurista colombiano Iván Velásquez. Y ahora, después de diez años de escollos, el presidente Jimmy Morales ha decidido terminar con la Comisión, justo cuando las investigaciones se acercaban a su persona, que ganó las elecciones apelando a su condición de pastor neopentecostal. También el autócrata nicaragüense Daniel Ortega ha expulsado a una misión de la ONU, que intentaba detener el baño de sangre en que se ha convertido el tercer mandato sandinista consecutivo. Y el candidato brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro prevé el retiro de Brasil de la ONU, a la que acusa falsamente de respaldar al régimen de Nicolás Maduro.

Divina sorpresa es la actitud del nuevo presidente colombiano, Iván Duque, quien, desmarcándose de su mentor Álvaro Uribe, agradece los servicios de la ONU a la pacificación de su país y solicita que se amplíe la Misión que colaboró con el proceso de negociaciones con la guerrilla de las FARC.

No hay secretos en materia de lucha contra la corrupción. Lo prueban los tres países que desde hace décadas tienen los mejores indicadores en nuestra región, Uruguay, Chile y Costa Rica: consenso entre las fuerzas políticas, continuidad en las políticas públicas, rigor e independencia de las instituciones judiciales. ¿Por qué no podríamos aspirar a eso para el Perú?

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