El juez César Hinostroza durante una presentación ante el Congreso | Fuente: Congreso

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Mientras muchos de nuestros dirigentes políticos ponían sus mejores energías en denigrar a la Justicia y defender políticamente a sus líderes y allegados, una sospecha creciente nos confronta a la precariedad de nuestras instituciones: el destituido juez supremo César Hinostroza habría huido del país. Se trata de la más alta autoridad judicial sometida a investigación y considerada cabecilla de la banda de los Cuellos Blancos del Callao.

Recordemos que los audios difundidos durante los últimos meses tienen su origen en una investigación sobre el narcotráfico en el Callao, puerto por el que sigue saliendo más de la mitad de la cocaína que se produce en nuestro país. En gran parte proveniente del VRAEM. Son delitos de la mayor gravedad y sobre todo capaces de corromper a funcionarios de todos los niveles, amenazando a algunos y garantizando la impunidad de otros.

El Congreso de la República votó a favor de la inhabilitación por diez años de Hinostroza, levantándole la inmunidad propia de su cargo y permitiendo que fuera investigado por la Fiscalía. Pero el mismo Congreso, tan expeditivo para aprobar leyes como la llamada “Ley Fujimori” o para desestimar la denuncia contra el Fiscal Chávarry, omitió escribir a la Fiscalía precisamente para someter a investigación a César Hinostroza.

El presidente Daniel Salaverry ha afirmado que solicitará la destitución del Oficial Mayor (interino) y otras altas autoridades administrativas del Congreso, pero desde ya algunos compañeros de la bancada fujimorista consideran que su reacción es solo “una decisión personal”. El congresista  Javier Velásquez Quesquén, ideólogo de la colaboración entre el aprismo y el fujimorismo, afirma que de confirmarse la fuga Daniel Salaverry debería renunciar.

En espera de la confirmación del paradero de Hinostroza, solo sabemos que su esposa salió del país siete días después de la destitución. El periodista Beto Ortiz afirma que Hinostroza habría podido huir gracias a la colaboración del presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, Kori Paulett Silva.

Peajes y aeropuertos

Una prueba más de las graves carencias de nuestro sistema judicial tiene que ver con el grave malestar creado por el aumento unilateral de los peajes en una de las principales vías de nuestra capital. El alcalde Luis Castañeda informó en el Congreso que la municipalidad se halla en cuatro procesos de arbitraje con empresas concesionarias, uno de ellos en la ciudad de París. Es decir que para resolver perjuicios causados a millones de ciudadanos por contratos firmados en nombre del Estado, la autoridad pública ni siquiera recurre a la Justicia, sino que prefiere mecanismos alternativos, que cada día se generalizan más.

Un aleccionador caso de corrupción, mala gestión pública y demagogia política tiene que ver con el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que recibe 32 millones de pasajeros por año. Se trata de una inversión de más de 10,000 millones de dólares iniciada por el saliente presidente Enrique Peña Nieto, pero combatida por el candidato ganador Manuel Andrés López Obrador, quien aseguró que los precios han sido inflados por las coimas. 

A pocas semanas de su entrada en funciones, el presidente electo parece haber descubierto que el nuevo aeropuerto tiene un avance de 30% y que pararlo costaría más de 5,000 millones de dólares. Trabajadores que no quieren perder puestos de trabajo, campesinos que defienden sus tierras agrícolas, ambientalistas enardecidos, un poderoso consorcio de empresarios y políticos en busca de popularidad se encaminan ahora a un vago referendo para tomar una decisión técnica. Como dice el humor mexicano, con las autoridades actuales la ciudad de Tenochtitlán todavía seguiría en construcción.

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