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Poder Judicial rechazó pedido de excarcelación de Susana Villarán por riesgo al COVID-19

Susana Villarán permanecerá en prisión.
Susana Villarán permanecerá en prisión. | Fuente: Foto: Poder Judicial

El juez Jorge Chávez Tamariz ofició al INPE que adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la salud de exalcaldesa y evitar su contagio por COVID-19.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción declaró infundado el pedido de la defensa de exalcaldesa Susana Villarán para el cese de la prisión preventiva en su contra en la investigación por lavado de activos asociación ilícita y otros.

El juez Jorge Chávez Tamariz ofició al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que adopte de forma inmediata, y bajo responsabilidad de ley, todas las medidas necesarias para garantizar la salud de exalcaldesa y evitar su contagio por COVID-19.

La audiencia se realizó el sábado pasado por videoconferencia. El magistrado escuchó tanto los argumentos del abogado defensor de Villarán como los del representante del Ministerio Público.

Raúl Pariona, defensa legal de la exalcaldesa, indicó que su patrocinada es una persona de 70 años, que padece enfermedades preexistentes y que la situación generada por la pandemia presenta un riesgo latente para su vida.

Agregó que Villarán sufre de lupus erimatoso sistémico desde hace muchos años, además de hipertensión arterial y que dado el contexto actual, “ya no existe más el peligro procesal y la proporcionalidad que en su momento sustentaron la prisión preventiva”.

En tanto, el fiscal del Equipo Especial, Carlos Puma, aseguró que el pedido de cese de prisión preventiva de Villarán se basa en la historia clínica, lo cual no es suficiente, por lo que la propia defensa ha pedido al INPE un informe que sustente el riesgo que corre la vida de la imputada.

En esa línea, agregaron que esta solicitud de cese de prisión preventiva debe ser declarada improcedente por insuficiencia de elementos de convicción nuevos contra la medida restrictiva impuesta por el Poder Judicial en mayo de 2019.

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