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Fiscalía interviene Municipalidad de Chorrillos por presuntas irregularidades en entrega de víveres

Fiscalía investiga compra de canastas.
Fiscalía investiga compra de canastas. | Fuente: Imagen referencial: Andina

Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur, con apoyo de la Policía Nacional, incautó documentos para investigar probable adulteración de padrones de beneficiarios.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Lima Sur, junto a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), intervino la Municipalidad de Chorrillos para incautar documentación que permitan investigar presuntas irregularidades en la adquisición y reparto de víveres de emergencia.

El operativo conducido por siete fiscales anticorrupción, liderados por la fiscal provincial Raquel Dextre López, forma parte de la investigación preliminar que ella conduce por el delito de corrupción de funcionarios contra los que resulten responsables.

Se presume una probable adulteración del padrón de beneficiarios pues, según un informe de la Contraloría General de la República, se detectaron 44 casos de nombres o números de DNI que no existen en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Asimismo, una denuncia periodística señaló que algunos datos son de personas que viven en el extranjero y que existirían nombres de vecinos que aparecen dos veces en el padrón de beneficiarios pero que solo recibieron una canasta.

A estos hechos se suma un presunto mal uso de medio millón de soles destinado por el Gobierno Central para la adquisición de un total de 6273 canastas de productos de primera necesidad. Ello debido a que, pese a que la empresa proveedora no habría cumplido con la fecha de entrega de los productos, el municipio no habría aplicado la penalidad.

La diligencia fiscal se realizó en el palacio municipal ubicado en la avenida Huaylas y en el estadio municipal de la zona de San Genaro, donde se habilitó el almacén de las canastas destinadas a las familias más afectadas por el estado de emergencia ante la COVID-19.

El acta de los documentos que sean incautados será posteriormente validada ante el Poder Judicial. Los elementos encontrados serán sometidos a un debido análisis pericial con el fin de descartar o determinar el delito cometido y, en este último caso, identificar a los funcionarios o servidores involucrados.

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