La exalcaldesa de Lima es investigada por el Ministerio Público por presuntos aportes de Odebrecht a favor de la campaña por el No a su revocatoria en el 2013.
El Ministerio Público dirige este jueves el allanamiento de dos inmuebles en Miraflores de Susana Villarán. También acudió a la vivienda del exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro. Los fiscales Hamilton Castro, cabeza del equipo especial del caso Lava Jato, y Lusi Ballón acudieron a la casa de la exalcaldesa de Lima, mientras que sus colegas Sergio Jiménez y Marcial Paucar fueron a las del otro exfuncionario.
A través de su cuenta de Twiter, la Fiscalía informó sobre el allanamiento, el cual forma "parte de las diligencias en las investigaciones que se les sigue" a ambos exfuncionarios. La exburgomaestre es investigada, como parte del caso Lava Jato en el Perú, por presuntos aportes de las constructoras Odebrecht y OAS a la campaña por el No a su revocatoria en el 2013.
La investigación
Según un documento al que tuvo acceso RPP Noticias, el pedido de allanamiento de la Fiscalía fue autorizado por el juez Manuel Antonio Chuyo Zalayeta del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Los fiscales están autorizados para registrar los domicilios “con descerraje en caso de negativa o auseincai de personas” y comprende “los ambientes interiores y dependencias cerradas, además de vehículos que se encuentren” en ambos inmuebles”.
El 24 de noviembre del año pasado, el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Villarán y Castro por presunto cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado, debido a los presuntos aportes de las constructoras brasileñas. Por esta razón, el Ministerio Público solicitó ese mismo mes al Poder Judicial el impedimento de salida del país de ambos exfuncionarios, el cual fue acepato tres días después.
El caso Villarán
La tesis de la Fiscalía es que Villarán habría solicitado la financiación de su campaña del ‘No a la revocatoria’ a Odebrecht y OAS porque estas tenían “intereses” en la Municipalidad de Lima.
La primera tenía la concesión de Vías Nuevas de Lima, concesión como Rutas de Lima, y la segunda tenía en ejecución la Línea Amarilla, que cambió de nombre a Vía Parque Rímac durante la gestión de Villarán. La concesión del primer proyecto y la adenda N° 1 del segundo se firmaron durante el proceso de revocatoria: el 9 de enero y el 13 de febrero del 2013, respectivamente.
El documento indica que, según las investigaciones de la Fiscala, en el Castro, como “persona de confianza” de la exalcaldesa, “se habría comunicado por vía telefónica” en el 2013 con Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en Perú, para solicitarle una reunión “que se habría realizado en las instalaciones de la Municipalidad”. Durante esta, le “solicitó” que Odebrecht apoye a la campaña con US$ 3 millones. El empresario, continúa la versión fiscal, recibió luego una llamada de Villarán, en la que ella le reitero el pedido.
"Continuar en el poder"
La Fiscalía agrega que Barata accedió porque Odebrecht tenía proyectos de “interés” en la Municipalidad, como Rutas de Lima, y que si Villarán seguía en el cargo “podía solicitar su apoyo”. De acuerdo con esta versión, el brasileño coordinó otra reunión con Castro en las oficinas municipales en la que le dijo que se entregaría el dinero de esta forma: la parte de OAS a cuentas bancarias y 2 millones en efectivo de parte de Odebrecht a Valdemir Garreta para Luis Favre, principal director de la campaña.
El dinero, precisa el documento, fue puesto a disposición por la Caja 2 de Odebrecht, destinada a coimas.
“Los hechos antes descritos permite colegir que Villarán de la Puente, máxima autoridad edil, habría hipotecado su voluntad a cambio del financiamiento de su campaña ‘No a la Revocatoria’, a favor de dos empresas que tenían intereses directos y concretos con la entidad edil, con la única finalidad de continuar en el poder, al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, señala el documento.
También se citan visitas de representares de las constructoras a la Alcaldía y la Gerencia Municipal entre diciembre del 2012 y diciembre del 2013.
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