Lava Jato: cuatro pedidos de prisión preventiva en espera debido a la COVID-19

Mientras que algunas personas dejan las prisiones preventivas para pasar a prisión domiciliaría debido a la COVID-19, otras están a la espera de una audiencia del Poder Judicial.

El empresario chileno Gerardo Sepúlveda será el primero en saber si va o no a prisión preventiva, ya que el Poder judicial dejó al voto el pedido del Ministerio Público.

Gerardo Sepúlveda

El exsocio de Pedro Pablo Kuczynski, a quien el Ministerio Público investiga por el caso Westfield Capital, se encuentra a la espera que la Primera Sala Penal de Apelaciones dé su veredicto, luego de que dejará al voto la apelación de prisión preventiva que presentó el Equipo Especial Lava Jato.

El 11 de febrero de este año, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el primer pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el empresario y solo le ordenó reglas de conducta. Esto en el marco del caso Westfield Capital, donde está como imputado.

El fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación preparatoria que le sigue al ciudadano chileno y al expresidente Kuczynski luego de las declaraciones del exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, quien aspira a ser colaborador eficaz, e implicó al exsocio en cobros indebidos por la obra Rutas de Lima.

Sepúlveda, durante la audiencia, alegó que viene colaborando con la justicia peruana desde hace dos años y negó las declaraciones brindadas por el exgerente. “Nunca he tenido relación con la parte técnica del proyecto, no he negociado costos y no he negociado precios, a mí se me solicitó exclusivamente que presentará alternativas para financiar el incremento de costos del proyecto negociado entre la Municipalidad y el concesionario. Lo que hice fue explicar técnicamente cuáles eran las alternativas”, dijo en referencia a la reunión a la qué hizo mención el aspirante a colaborador.

TESTIGO CLAVE

Gerardo Sepúlveda es considerado por el despacho del Fiscal José Domingo Pérez como testigo clave en el caso Interoceánica Sur. El pasado 26 de febrero, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida por dos meses al empresario, luego de que la fiscalía solicitara tres meses.

Tras culminar y en medio de la emergencia sanitaria, el ciudadano chileno intentó salir del país en un vuelo humanitario dos días después de que culminara la orden que tenía en su contra, pero grande fue su sorpresa al enterarse de que no podía abandonar suelo peruano porque debía de contar con una orden específica del juez, en la que se indicara que había concluido su impedimento de salida.

El mismo 27 de abril, la defensa del exsocio fue notificada sobre la ampliación de impedimento de salida que había solicitado el fiscal Pérez. Ante esto el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó extender la orden de Sepúlveda, por un plazo de 41 días, que finalizaría en un principio el 7 de junio, pero nuevamente fue extendida por el juez por 13 días más, con lo que concluiría el 26 de junio. Esto luego de que el representante del Ministerio argumentara que no ha podido recoger las declaraciones del testigo debido al estado de emergencia por la COVID-19.

Para la defensa del empresario chileno, el juez Richard Concepción Carhuancho se está contradiciendo respecto de la extensión de impedimento de salida.

Gerardo Sepúlveda Quezada deberá acudir el 21 y 22 de junio al despacho del Equipo Especial del Caso Lava Jato para entregar documentos asociados a la estructuración financiera que hicieron las empresas Westfield y First Capital a Odebrecht por los proyectos Interoceánica Sur y de irrigación en Olmos.

Nadine Heredia

La ex primera dama no solo está siendo acusada por el fiscal Germán Juárez Atoche de recibir dinero ilegal en las campañas presidenciales del 2006 y 2011. Nadine Heredia, tiene en curso un pedido de prisión preventiva por el caso Gasoducto Sur, que está a cargo de la fiscal Geovana Mori.

Ella es investigada por presuntamente favorecer a Odebrecht en la concesión de la obra. Para el Ministerio Público, Heredia Alarcón actuó como una funcionaria de facto y habría favorecido a la empresa brasileña, por lo que solicitó en marzo 36 meses de prisión preventiva.

Para la fiscal Mori, la esposa del expresidente Ollanta Humala no solo se reunió con los ejecutivos de Odebrecht en Palacio, sino que llegó a condicionar la adjudicación de la buena pro a favor de la empresa brasileña. Heredia pidió que G&M no participe como consorciada de Odebrecht, por lo que constructora tuvo que acceder.

La integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato también afirmó que Nadine Heredia presenta obstaculización a la justicia debido a que a través de su abogado Wilfredo Pedraza habría pedido al ex ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur que dijera que no había tenido ninguna coordinación con ella durante su gestión, con lo cual pretendía obstruir la investigación.

Eleodoro Mayorga

Para el ex ministro de Energía y Minas también existe un pedido de prisión preventiva por 36 meses por parte del Ministerio Público.

La fiscal Geovana Mori, quien se encuentra en la etapa de investigación preparatoria, señaló que Eleodoro Mayorga tuvo un interés especial por el proyecto Gasoducto Sur Peruano al no realizar acción alguna con la concesión del Gasoducto Sur Andino, ya que no actuó ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa Kuntur, y recién tomó medidas cuando esta pasó a ser adjudicada con la buena pro a Odebrecht.

Mayorga es investigado por asociación ilícita para delinquir, ya que habría tenido un rol fundamental cuando estaba en el Ministerio y por formar parte del Consejo directivo de Pro Inversión, desde el cual, según las acusaciones, aparentemente promovía que determinados procesos de contratación de dicho organismo se desarrollen conforme a los objetivos de la organización. También se le investiga por colusión agravada.

Miguel Castilla

Otro exministro de Gobierno de Ollanta Humala en investigación es Miguel Castilla Rubio, quien fue Ministro de Economía entre el 2011 y 2014. Para él también hay un pedido de prisión preventiva  por 36 meses, al igual que Eleodoro Mayorga.

A ambos el Equipo Especial del Caso Lava Jato los investiga por presuntamente haber promovido condiciones favorables para que Odebrecht gane la buena pro del proyecto de Gasoducto Sur Peruano. Castilla Rubio ya contaba con un impedimento de salida del país por seis meses, lo que fue apelado por la fiscal Geovana Mori, quien en un principio solicitó 18 meses.

Castilla calificó el pedido del Ministerio Público como insólito, arbitrario e injusto. Por otro lado recibió el respaldo de exministros, funcionarios, abogados y demás personalidades ante el pedido de la fiscalía.