Las próximas elecciones municipales y regionales serán el domingo 7 de octubre. | Fuente: Andina

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Más de ciento diez mil peruanos han optado por postular a cargos municipales y regionales que serán decididos por voto popular dentro de dos meses. Desde que Fernando Belaunde restableció en 1980 el voto democrático para elegir autoridades de pueblos y ciudades, nuestro país se ha movilizado a nivel local con una intensidad que contrasta con la tendencia a votar por el mal menor en las elecciones generales.

Los alcaldes y concejales son las autoridades que se hallan más cerca de los ciudadanos y la mayoría de ellos evita hacer campaña sobre temas políticos para concentrarse en lo que concierne a la vida cotidiana: la seguridad, el transporte, el recojo de la basura, la calidad del ambiente y la promoción de actividades recreacionales en beneficio de los niños. Un porcentaje importante de los alcaldes han sido reelegidos para dos o más mandatos sucesivos, lo que evidencia un grado de aprobación popular de la que carecen las autoridades del Ejecutivo, del Congreso y como se confirma cada día, del Poder Judicial.

Sin embargo, los indicadores de corrupción son aplastantes y alcanzan por igual al poder político central y las autoridades subnacionales. Lo mismo puede decirse sobre los gobernadores de las 25 regiones de nuestro país, que desde los inicios del proceso de regionalización han venido asumiendo más responsabilidad y ejecutando un porcentaje creciente del presupuesto público.

Corresponde a la autoridad electoral revisar rigurosamente la hoja de vida de todos los candidatos y poner de lado a los que teniendo malos antecedentes judiciales, ofrezcan sospechas fundadas de que más que vocación al servicio público lo que los anima a postular es el uso del poder con fines personales, es decir el enriquecimiento a costa de la gestión pública.

La única manera de disuadir a los aprovechadores de mandatos electorales es la vigencia de una justicia rigurosa e imparcial. Por eso es impostergable proceder a una reforma de la justicia, sin la cual no podemos tener confianza en quienes ejerzan el poder. De ahí la gravedad de las revelaciones que cada día nos aportan los audios de la vergüenza.

Nuevos audios

Este lunes se dio a conocer una conversación en la que el juez supremo César San Martín  solicita ayuda en trámites regulares al juez superior del Callao, Walter Ríos, hoy encarcelado. El congresista Víctor Andrés García Belaunde y el exprocurador Ronald Gamarra consideran que se trata de una conducta impropia, aunque, según la fórmula consabida, no constituya delito. El abogado Enrique Ghersi afirma por su parte que se trata de un caso caracterizado de « tráfico de influencias en grado de instigador ».

Lo que es seguro es que la reforma de nuestro sistema judicial debe marchar en paralelo con la reforma de nuestro sistema de representación política para favorecer el desarrollo de partidos sólidos, capaces de reclutar a los mejores ciudadanos y cultivar la idea de que en una República no hay mayor honor que servir al pueblo y encarnar los valores que dieron sentido, hace casi 200 años de su fundación.

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