Esta madrugada, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra los exrepresentantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSSA.
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RPP Noticias
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sostuvo que esta vez un juez falló contra los empresarios con la misma dureza con la que se juzga a funcionarios de la administración pública. La madrugada de este lunes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la prisión preventiva por 18 meses contra los exdirectivos de las empresas peruanas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles contratistas Generales S.A.
“Por lo general en los delitos contra la administración pública se toman medidas duras contra los autores pero pocas veces se incluye con la misma dureza a los particulares o los partícipes que pueden ser instigadores o cómplices. Esta vez se está actuando con fuerza contra los que tienen condición de particulares, aquellos que presuntamente habrían promovido actos de corrupción”, dijo en la Rotativa del Aire de RPP Noticias.
Antecedente
Esta madrugada, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva a los empresarios José Alejandro Graña Miró Quesada, ex presidente del director de G&M; Hernando Alejandro Graña Acuña; exdirector de G&M; José Fernando Castillo Dibós, director general de ICCGSA y Fernando Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A. Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente del área de infraestructura de G&M, tendrá arresto domiciliario en la Clínica Angloamericana luego de que su defensa demostró que se encuentra internado y próximo a una operación para extirparle un tumor cancerígeno.
El presidente de la Corte Suprema comentó que la hipótesis fiscal señala que las empresas consorciadas sabían y habían participado con Odebrecht en la presunta coima que recibió el expresidente Alejandro Toledo para obtener la licitación de la Interoceánica Sur. Sin embargo, aclaró que los empresarios son inocentes hasta que tengan una sentencia condenatoria o absolutoria.
No hay control
Las defensas de los empresarios peruanos señalaron durante la audiencia que el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía respondió a una presión del Congreso por la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez. La congresista Rosa Bartra también dijo que la eficacia del Ministerio Público se debió al control político ejercido desde el Parlamento. Para Rodríguez Tineo, cada institución tiene sus atribuciones.
“No creo que sea correcto hablar de una suerte de tutelaje o de quién controla a quién. Ni el Congreso puede controlar lo que hace el Ministerio Público, menos controlar al Poder Judicial. El Ministerio Público tampoco puede controlar lo que hace la comisión Lava Jato”, dijo.
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