La justicia británica dictaminó que el Gobierno de Theresa May debe recibir primero una autorización del Parlamento antes de iniciar las negociaciones de salida de la Unión Europea.
El Tribunal Superior británico dictó hoy que el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, debe recibir autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea (UE).
En un veredicto histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el "brexit", proceso de desconexión de la UE, sin convocar previamente una votación parlamentaria. Gina Miller, una de las ciudadanas que planteó el caso, saludó el dictamen y pidió al Ejecutivo que tome "la sabia decisión de no apelar".
Tras conocer el dictamen, el ministro de Comercio Internacional y abanderado del "brexit", Liam Fox, dijo que el Gobierno lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial británica, que se espera que se pronuncie antes de fin de año. "El Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal. El país votó por salir de la Unión Europea en un referéndum aprobado por una ley del Parlamento, y el Gobierno está decidido a respetar el resultado", dijo Fox en la Cámara de los Comunes.
Reacciones tras la decisión. Los partidos Laborista, Liberal Demócrata y Verde, en la oposición, se congratularon por el veredicto, mientras que el líder en funciones del eurófobo UKIP, Nigel Farage, alertó de una posible "traición" de la voluntad popular. "Temo que ahora se intentará todo para bloquear o retrasar la invocación del artículo 50. Si es así, (los diputados) no tienen ni idea del grado de indignación pública que provocarán", dijo en un comunicado.
Argumentos de los demandantes. Al plantear su petición de revisión judicial, Miller, directora de un fondo de inversión, expresó su deseo de acabar con "un entorno legal" en el que el Gobierno "puede pasar por encima del Parlamento". Durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, su abogado, Favid Pannick, dijo que "muchos de los derechos de los que la señora Miller y otras personas disfrutan actualmente quedarán suprimidos si se da la notificación" a Bruselas. Por su parte, los letrados gubernamentales dijeron que el referéndum del 23 de junio daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo. Además, dijeron que "probablemente" podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea.
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