Defensoría del Pueblo pide embargo y retención de bienes de Odebrecht

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió el embargo y la incacutación de los bienes de Odebrecht, constructora brasileña que reconoció haber pagado US$ 29 millones de coimas a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.

Mediante un comunicado, expresó su preocupación por el riesgo que implica la demora en la investigación del caso Odebrecht en nuestro país. Además, señaló que depender de los tiempos y resultados de las pesquisas en el exterior supone un claro riesgo de impunidad, ya que los involucrados “tienen tiempo suficiente para sustraerse de la justicia saliendo del país, transfiriendo bienes, e incluso alterando pruebas”.

Solicita embargo. Gutiérrez Camacho recordó que existe un acuerdo entre la Fiscalía y la constructora, y que incluso se ha realizado o realizaría un primer pago por concepto de reparación, por lo que se debería adoptar medidas urgentes como el embargo e incautación de bienes no solo de Odebrecht, sino también “de las empresas vinculadas a la comisión de los delitos de corrupción”.

Explicó que esta medida se puede realizar basándose en el artículo 302 del Código Procesal Penal que permite las medidas cautelares anticipadas en fase de diligencia preliminar. “Se debe emitir un decreto de urgencia, mediante el cual se impida o regule la transferencia de bienes de las empresas que vienen siendo investigadas por delitos de corrupción, exigiendo que se cumpla con una aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanza”, expresa en la misiva.

El defensor del pueblo solicitó también que los órganos reguladores o supervisores de los contratos en los que participan las empresas investigadas por corrupción, revisen el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la legalidad de las transferencias de activos que pudieran haberse efectuado.

Antecedente. El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasilera reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014. En esos años gobernaron Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). A cambio de las coimas, Odebrecht se benefició económicamente por más de US$143 millones.