5 claves para entender el proceso de la denuncia al fiscal de la Nación

El futuro de Pablo Sánchez está en manos del Congreso. El parlamentario fujimorista Daniel Salaverry presentó este lunes una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por “omisión funcional en la lucha contra la corrupción”. Lo acusa de no querer investigar a las empresas peruanas socias de Odebrecht, y pidió su destitución e inhabilitación.

El Parlamento tiene la potestad de remover a un alto funcionario, como el jefe del Ministerio Público, pero el proceso no es corto ni sencillo. RPP te lo explica paso a paso.

1. Causa de una acusación. Según el artículo 99 de la Constitución, la Comisión Permanente del Congreso tiene la facultad de acusar a los fiscales supremos y al fiscal de la Nación por dos causas:

- La primera, por una infracción de la Constitución.

- La segunda, por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas. 

2. El proceso. El artículo 89 del Reglamento del Congreso establece como primer paso que una persona presente una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta tiene hasta 10 días para evaluarla antes de admitirla o rechazarla.

Esta es la parte más engorrosa del proceso. Si la Subcomisión admite la denuncia debe decidir si acusa o no al investigado. Si ocurre lo primero, el tema pasa a la Comisión Permanente, que a su vez deberá votar si lo pasa al Pleno.

3. Tipos de acusaciones. Si se vota a favor del informe, la Comisión Permanente nombrará a una subcomisión acusadora para que sustente el informe ante el Pleno del Congreso. Esta es la última instancia. El futuro del funcionario acusado depende del tipo de acusación en su contra:

- La acusación por presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones requiere la mitad más uno del número de miembros del Congreso (130), sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.

- La suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional requiere los 2/3 del número de miembros del Congreso (130), sin participación de la Comisión Permanente.

4. Caso judicial. Además de la suspensión, inhabilitación o destitución, el Congreso puede acusar penalmente a Pablo Sánchez. Si eso ocurre, le corresponde a su sucesor como fiscal de la Nación presentar esta denuncia ante la Corte Suprema del Poder Judicial.

No hay precendetes de un fiscal del Nación destituido por el Parlamento. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura suspendió en 2015 a Carlos Ramos Heredia. Su sucesor fue justamente Sánchez, quien era el fiscal supremo de mayor antigüedad.

5. Opiniones y reacciones. Según el constitucionalista Raúl Ferrero, esta acusación puede debilitar a la Fiscalía. “Si bien hay que investigar a fondo el caso Lava Jato, la Subcomisión deberá manejarse de forma que no bloquee a una institución importante para el equilibrio de poderes. No debemos permitir que ninguna institución abuse del otro ni esté por encima de la Constitución".

Ferrero comentó que se debe respetar la independencia de cada uno de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público. “Al medio está la Fiscalía, encargada de representar a la sociedad y protegerla de los abusos. Como defensora, no debemos estar cuestionándola si no existen razones muy fuertes".

Opiniones similiares fueron emitidas este martes por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedez Aráoz, y por el presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez. Además, Pablo Sánchez dijo este lunes, tras ser respaldado por la Junta de Fiscales, que no se amilanará ni tendrá miedo.