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Pobladores de Sullana denunciaron desabastecimiento de agua desde hace un año

Familias deben comprar el bidón de agua a 0.50 soles. Al día gastan hasta 8 soles comprando agua.
Familias deben comprar el bidón de agua a 0.50 soles. Al día gastan hasta 8 soles comprando agua. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

La EPS Grau informó que la venta ilegal de agua genera que muchos asentamientos no tengan el servicio.

Las familias del asentamiento Villa Perú Canadá en la provincia de Sullana (Piura) denunciaron que desde hace un año no tienen el servicio de agua potable en sus hogares. Indicaron que la EPS Grau, la empresa que debería abastecerlos de agua, no soluciona el problema hasta el momento.

Ruth Imán Zapata, moradora de Villa Perú Canadá, explicó que en las viviendas ubicadas a la entrada de dicho asentamiento sí llega el servicio pero con muy baja presión, mientras que a las viviendas más alejadas no llega.

En el asentamiento Nuevo Sullana ocurre lo mismo. Las familias aseguraron que las llaves de agua son cerradas por los “aguateros” para continuar con su negocio de vender agua a 0.50 soles el bidón. Esta venta clandestina del recurso es la única forma que tienen los moradores de la zona para abastecerse de agua.

Según Ruth Imán, al día consumen hasta 8 soles en bidones de agua. Al respecto, la EPS Grau emitió un comunicado indicando que la venta ilegal del agua provoca que la presión disminuya y el recurso no llegue a dichos asentamientos humanos.

El jefe de Redes y Obras Civiles de la zonal Sullana de EPS Grau, Jim Espinoza Aguirre, detalló que los sectores más alejados como Villa Perú, Canadá, Nueva Sullana y Nuevo Horizonte son los que más sufren, pues en los asentamientos La Videnita y Nueva Sullana hay venta ilegal de agua e incluso todos tienen electrobomba, ocasionado que la línea no cuente con la suficiente presión para distribuir el agua.

La justificación de la empresa se basa en que mientras continúe la venta ilegal de agua, el servicio no llegará a los sectores afectados. Al respecto, la EPS Grau se ha comprometido con la  Defensoría del Pueblo y la Policía para erradicar la venta ilegal del recurso. 

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