Expertos señalan que prohibir la publicidad estatal en medios privados afectaría el derecho a la información

Un proyecto de ley impulsado en el Congreso por el aprista Mauricio Mulder propone prohibirle al estado la difusión de sus anuncios en medios de comunicación privados y sugiere que el incumplimiento de esta medida sea calificado como delito de malversación. También busca que el Estado solo pueda usar sus propios medios de comunicación o sus cuentas en redes sociales para difundir sus anuncios.

Para Jorge Acevedo, especialista en comunicación política de la Universidad Católica, la norma, restringiría la capacidad del estado de comunicarle a la población información relevante. “Limita la capacidad del Estado de poder comunicar e informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre decisiones de política o temas en debate, sobre derechos y obligaciones en determinadas coyunturas, sobre actividades, proyectos, campañas educativas, de salud. Esta iniciativa es un error”.

Derecho a la información

Andrés Calderón, abogado experto en regulación y competencia de la Universidad del Pacífico, dijo que si bien la propuesta fue presentada en respuesta a que las entidades públicas no justificaban adecuadamente sus gastos en publicidad, ya existe la ley 28874 que regula la publicidad estatal y que pudo haber sido reglamentada. “Pareciera que ha sido un esfuerzo demasiado atropellado por abordar el tema. Es sorprendente que un proyecto sin dictamen, con una exposición de motivos de una página haya pasado a Comisión Permanente”.

 “Lo que se debió haber hecho en primer lugar es haber estudiado cual ha sido el impacto de la ley que regula la publicidad estatal y lo que se tendría que hacer, en todo caso, es mejorar esa ley”, comentó Calderón. El especialista agregó que la norma ya existente puede mejorarse estableciendo mecanismos de fiscalización del gasto público en anuncios publicitarios y que la restricción que propone el proyecto de ley afecta directamente el derecho de la ciudadanía de ser informada.

“La mayoría de personas se enteran gracias a la cobertura que hacen los medios periodísticos y también a las campañas de difusión que se contratan en medios privados y esto es lo más importante: que se respete el derecho a ser informado de las personas”. Esto, explicó,  no se puede lograr si es el Estado no puede difundir su información a través de campañas en aquellos medios que le permiten un mayor alcance y un mayor impacto.

Poco alcance

Ante la propuesta de que el Estado pueda usar, además de los medios de comunicación oficiales, sus redes sociales en la difusión de anuncios para suplir a los medios tradicionales privados, el especialista en comunicación digital, Augusto Ayesta, dijo que si bien las redes son una importante plataforma de comunicación, los problemas de banda ancha y penetración de la internet en muchas zonas del país limitaría su capacidad de masificación. Además, la información no llegará a todos los que tienen acceso a internet.

“Que tengamos 22 millones de personas con acceso a internet no quiere decir que si el Estado publica o usa sus redes sociales, como plantea este proyecto de ley, esos 22 millones lo van a leer. El alcance orgánico, sin publicidad, de las redes sociales no le llega a toda la comunidad, sino a un porcentaje que no es mayor del 2% o 3%”

Finalmente, explicó que una red social como Facebook, la más usada por los peruanos con acceso a internet, prioriza las relaciones interpersonales sobre los contenidos comerciales o de carácter institucional y que esto limitaría aún más la recepción de los anuncios estatales en los cibernautas.