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Salazar dijo que Fuerza Popular no dará un voto de venganza contra Kenji Fujimori

El parlamentario no agrupado afronta una denuncia constitucional junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel que podría concluir en su desafuero.

El parlamentario no agrupado afronta una denuncia constitucional junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel que podría concluir en su desafuero.Fuente: Andina

La parlamentaria comentó que la investigación contra Fujimori, Ramírez y Bocángel concluirá en aproximadamente un mes.

La parlamentaria de Fuerza Popular, Milagros Salazar, descartó este domingo un voto de venganza por parte de su bancada contra los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel quienes fueron denunciados constitucionalmente por participar de la presunta compra de votos contra la vacancia de PPK y podrían ser desaforados.

Salazar explicó que ninguno de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, donde se decidirá el futuro de los disidentes fujimoristas, votará en represalia y por el contrario aseguró que actuarán de manera objetiva y en función a las evidencias del caso.

“No habrá ningún voto de venganza. Lo que siempre tenemos que tomar en consideración es un voto objetivo que vaya en función de los hechos y las evidencias exactas. Ese será el actuar de los congresistas, sin opinar con el hígado, ni para la prensa”, dijo la congresista a la agencia Andina.

Decisión se tomará en un mes

Salazar recordó que la investigación está a cargo del parlamentario César Segura, quien realizará un informe al respecto el cual será remitido a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso para su debate. Además dijo que todo el proceso se decidirá en aproximadamente un mes.

“Imagino que máximo en un mes se tomará la decisión. Analizaremos el informe, apegados al reglamento y a la normatividad del Congreso. Debatiremos, llegaremos a conclusiones y al final adoptaremos una posición”, dijo Salazar.

Los tres parlamentarios que renunciaron a Fuerza Popular el pasado 31 de enero son acusados por haber cometido infracción constitucional, además de haber incurrido en el presunto delito de cohecho pasivo, cohecho activo y tráfico de influencias.

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