Contraloría halló irregularidades en la obra de la Variante de Uchumayo

La Contraloría General de la República halló irregularidades en la obra del Tramo III de la Variante de Uchumayo que ejecuta la gestión de la gobernadora regional Yamila Osorio Delgado.

Según la Auditoría de Cumplimiento realizado por el órgano de control, al que tuvo acceso RPP Noticias, se han levantado cinco observaciones y se ha recomendado a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional iniciar los procesos legales que correspondan.

La obra tiene cerca de dos años de retraso y aún no es concluida. La empresa contratista ICCGSA abandonó la obra cuando se vio involucrada en el escándalo de corrupción del denominado “club de la construcción”, el grupo de empresas peruanas y brasileñas que según la Fiscalía pagaban coimas para ganar licitaciones.

OBSERVACIONES

1) El Gobierno Regional aprobó un expediente técnico con deficiencias y la actualización de su presupuesto que consideraba un incremento del costo de las partidas de muro prefabricado y pavimento de concreto hidráulico, ocasionó un mayor pago por las citadas partidas. El perjuicio económico al Estado asciende a S/ 2 millones 464 mil.

2) Se suscribió un convenio con OIM (Organismo Internacional para las Migraciones) para encargarle la realización de los procesos de selección para la contratación del ejecutor y supervisor de la obra, sin contar con la disponibilidad física del terreno, requisito para convocar el proceso, y sin acreditar la necesidad y viabilidad del encargo, ocasionando el incremento del presupuesto de inversión la postergación del inicio de la obra y el derecho de reconocimiento de gastos generales. El perjuicio se calcula en 927 mil soles.

3) Se pagó al contratista el adelanto de materiales N° 1 sin haberse iniciado la ejecución de la obra. Se ocasionó que se beneficie al contratista con liquidez financiera por S/ 19 millones 500 mil.

4) Se decidió no ejecutar la ampliación del puente Arrayanes invocando una situación imprevisible posterior a la firma del contrato que no correspondía. Aprobaron en su lugar trabajos que no se orientan al logro de los objetivos del proyecto, ocasionando la afectación del servicio público para el cual estuvo destinada la vía.

5) Se ejecutó la partida pavimento de concreto hidráulico sin utilizar la fibra de polipropileno, situación que fue permitida por la supervisión y por la entidad, quienes tramitaron y aprobaron su pago por S/ 7 millones 90 mil, ocasionando pagos por trabajos que no corresponden a lo contratado con un perjuicio económico de S/ 122 mil, además de penalidades sin cobrar a la supervisión por su deficiente servicio ascendente a S/ 16 mil 200.

REACCIONES

La congresista Alejandra Aramayo, quien fiscalizó la ejecución de esta obra y organizó hasta cuatro visitas de inspección, manifestó que la auditoría de la Contraloría confirma lo que denunció desde el 2017.

“Lamento que esta obra se haga al margen de la ley. Es una muestra de la incapacidad de la gestión regional. Una obra que se inició sin expediente técnico, sin Estudio de Impacto Ambiental, sin terreno saneado y que le entregaron 19 millones de soles a la contratista antes de que mueva un dedo”, dijo Aramayo.

Agregó que el costo de la obra no se ajusta a la realidad y no resuelve el problema de conectividad en el ingreso a Arequipa. Por el contrario, el cuello de botella que se genera en el puente Arrayanes, al pasar de 4 a 2 carriles, pone en riesgo la integridad de quienes hacen uso de la vía.

“Se debe profundizar la investigación y llegar a determinar la responsabilidad de la conducta dolosa que se ha dado en esta obra en perjuicio de los arequipeños”, destacó.