Jugando para el enemigo [COLUMNA]

La victoria de la selección peruana de fútbol sobre su similar chilena ha tenido el mérito de hacer soplar sobre nuestro país un viento de unidad y optimismo, que solo es posible cuando se consiguen objetivos difíciles respetando las reglas del arte. Ha causado sorpresa escuchar a algunos de los dirigentes políticos con menor aprobación ciudadana expresándose con ponderación y conocimiento, que quisiéramos fueran características permanentes de quienes ejercen poder y representan al pueblo peruano.

Chile dominó la pelota durante más tiempo, pero el Perú marcó tres goles inapelables, no hubo expulsados y el partido terminó sin fricciones e incluso con nobles gestos de reconocimiento a los vencedores. La mayor parte de los comentaristas especializados ha destacado que más que a figuras, la victoria se la debemos al trabajo en equipo, es decir a que cada uno supiera hallarse en su sitio, confiando en que el compañero hará lo que corresponda al interés colectivo. Hallarse en su sitio, el interés colectivo.

Esos conceptos resuenan como utopías si pensamos en nuestra vida pública, en la que unos funcionarios parecen actuar motivados contra otros y en las que resulta difícil comprender en qué tradición de pensamiento se ubican quienes deben ejercer liderazgo. Sectores de derecha están contra la libre competencia y los mercados abiertos, sectores de izquierda contra la inmigración extranjera y la diversidad de orientaciones sexuales, y el centro parece haber desaparecido de nuestro paisaje político.

De arco a arco

Nada de lo dicho se aplica con más crueldad que a las vicisitudes de nuestra administración de justicia. El día de hoy, por ejemplo, el fiscal que está llamado a pronunciarse sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori ha afirmado por escrito que la Fiscalía no halla ninguna razón que sustente el riesgo de obstrucción a la justicia. El fiscal no es otro que Víctor Raúl Rodríguez Monteza, él mismo cuestionado y mencionado en investigaciones fiscales referidas a los Cuellos Blancos del Puerto.

El fiscal Rodríguez Monteza mostró su noción de la ley cuando pretendió conminar a los periodistas de IDL Reporteros a entregar documentos y revelar sus fuentes, lo que de facto hubiera impedido el avance de investigaciones en casos graves de corrupción. Independientemente de lo que uno pueda pensar sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori, nada puede dañar más a su imagen que verse favorecida por un fiscal que a su vez podría deber su permanencia en el cargo a los votos de los congresistas de Fuerza Popular.

Una situación semejante obscurece el funcionamiento de las instituciones frente al ex juez supremo César Hinostroza, en espera de una decisión sobre su extradición de España. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con votos de Fuerza Popular, el APRA y PPK, declaró no admisible la demanda formulada por el Fiscal Supremo Pablo Sánchez.

El argumento utilizado es que tal solicitud solo puede ser formulada por el Fiscal de la Nación. Pero, precisamente la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, ha escrito al congreso para aclarar que el Fiscal Chávarry, en un raro acto de lucidez, decidió abstenerse, permitiendo que lo haga al fiscal más antiguo, Pablo Sánchez.

Todos estos detalles parecerían sutilezas abogadiles si no afectaran al núcleo mismo de nuestras taras: la falta de confianza en las instituciones, es decir en funcionarios para los que la Justicia debería ser un valor en sí mismo y no la prolongación de la política por otros medios. La situación es tal, que el Fiscal Superior Rafael Vela ha podido afirmar: "Todo lo que Rodríguez Monteza haga está bajo sospecha y ausente de cualquier legitimidad y transparencia".

El coordinador del caso Lava Jato afirma también que existe "evidente conflicto de interés", debido a que el fiscal supremo tuvo una denuncia constitucional que fue "archivada fundamentalmente con votos de Fuerza Popular". Vela también cuestionó que el requerimiento de Rodríguez Monteza se haya emitido a menos de 48 horas de la audiencia y días antes de un Pleno Jurisdiccional, precisamente consagrado a la prisión preventiva.

Las cosas como son