Cinco proyectos de ley afectarían a la competitividad

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), reportó que cinco proyectos de ley en el Congreso que tienen efecto negativo en la competitividad, entre los cuales destaca el proyecto de aumento de límite de deducción de impuesto a la renta de 7 a 15 UIT.

Impacto. "Esto afectaría la recaudación tributaria y el equilibrio presupuestal, más aún en una etapa de bajo crecimiento económico, caída de la recaudación y alto déficit fiscal", afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL. quien agregó que otros 

Otras medidas. Peñaranda explicó que el PL 055 propone modificar el artículo 28 de la Constitución. Plantea incorporar un párrafo que señale que es nula cualquier disposición contenida en una ley de presupuesto que impida a los trabajadores del sector público realizar negociaciones de mejoras salariales mediante convenio colectivo. "Dicha propuesta legislativa afectaría el equilibrio presupuestal y el funcionamiento eficiente de este mercado laboral en donde las remuneraciones deben reflejar la productividad y méritos de los trabajadores", refirió. 

Productividad y corrupción. El PL 41 afecta al pilar de la eficiencia del mercado laboral al proponer modificar el ingreso de los trabajadores del sector agrario por ley sin tomar en cuenta la baja productividad y alta informalidad existente en dicho sector, sobre todo en las zonas rurales del país. El PL 127 propone una reforma constitucional bajo el argumento de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se cometen excesos que afectan los derechos individuales de los funcionarios públicos al exigírseles que autoricen por escrito, previamente a la asunción de sus cargos, el levantamiento de su secreto bancario, tributario, bursátil y de telecomunicaciones a la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría.

Gas peruano. Asimismo el PL 001, llamado ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, plantea la renegociación del contrato de exportación de gas con México. Pero, además, señala que el Estado tiene decisión soberana respecto al destino del gas que se exporta, con una clara intervención en mecanismos de mercado afectando la eficiencia del mercado de bienes y desincentivando la inversión extranjera directa.

Faltan detallar. La CCL identificó 21 proyectos calificados como ámbar por no tener un efecto claro sobre la competitividad del país y, por lo tanto, requieren de mayor análisis y debate respecto de algunos temas específicos. De este grupo, cinco proyectos fueron presentados por la Contraloría (PL 22, 24, 26, 27 y 32), los que están relacionados a fortalecer la lucha contra la corrupción, determinar la función de la Procuraduría Pública, control en la ejecución de obras públicas, control en los procesos de promoción de la inversión privada y de la sanción a funcionarios públicos corruptos. Además, se encuentran los proyectos congresales PL 70, 78, 90, 145 y 157.

 Luz verde. Respecto al pilar de Instituciones, los PL 31 y PL 120 están dirigidos a establecer controles, límites y procedimientos a la ejecución de obras públicas por administración directa a fin de evitar altos márgenes de discrecionalidad y eventual corrupción en su ejecución. En la misma dirección, los PL 83 y PL 117 plantean derogar el Decreto Legislativo 1167 que creó el Instituto de Gestión de Servicios de Salud en el 2013, entidad innecesaria. Dentro de sus funciones se señala conducir la planificación, gestión, operación y prestación de servicios de salud de los institutos especializados y hospitales nacionales, así como de las direcciones de redes de salud del Ministerio de Salud.

El destacado. Proyecto que destaca a favor de la eficiencia en el mercado de bienes es el PL 17 que prorroga el pago del IGV para la microempresa y pequeña empresa. Según la iniciativa, el cumplimiento en el pago del IGV genera problemas de liquidez al tener que pagar el impuesto correspondiente a una factura que aún no ha sido cancelada, estando obligada de financiar el impuesto con sus propios recursos.  La propuesta legislativa considera que el monto que corresponda al IGV de facturas de ventas o prestación de servicios que aún no son canceladas quedaría en suspenso hasta que la empresa cobrase el monto total de las facturas emitidas o hasta el transcurso de tres meses, lo que suceda primero. "Esta saludable medida debería extenderse a todas las empresas", resaltó el ejecutivo de la CCL.