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La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández, confirmando la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Este pronunciamiento pone fin a un proceso iniciado en 2008, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincias de Santa Cruz (al sur de Argentina) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La sentencia, respaldada por unanimidad por los tres magistrados del Supremo, también desestimó el pedido de la fiscalía para agravar la pena a 12 años por asociación ilícita, confirmando la absolución de Fernández por este delito.
El proceso, revisado por 16 magistrados en diferentes instancias, incluyó a diez jueces y seis fiscales, quienes concluyeron la culpabilidad de la expresidenta.