Aquiles y la Policía Nacional

El machismo nace y se reproduce en los hogares, con las jerarquías, las limitaciones de libertades y la mala distribución de tareas domésticas.

Qué triste sería un país en el que no se pudiera contemplar de lejos paisajes y de cerca maravillas de la naturaleza como un ave, un mamífero marino, una orquídea silvestre o un árbol milenario.

El Nobel de Economía de este año nos permite comprender por qué algunos países latinoamericanos aumentan su prosperidad mientras que otros, como el nuestro, corren el riesgo de retroceder.

De nada han servido las medidas excepcionales anunciadas por el ministro del Interior, incluyendo el estado de emergencia en un distrito de Lima Este, cuya población se acerca a los 800 000 habitantes.

Sería un grave error no aprender algunas lecciones del paro convocado por dirigentes de gremios de transportistas. La más importante de ellas remite a la principal función del Estado: garantizar la seguridad de las personas y su derecho a trabajar.

El Gobierno haría muy mal en satanizar el paro y criminalizar la protesta, en vez de tomar en cuenta los reclamos de quienes han visto morir a sus compañeros, carentes de apoyo del Estado y sus autoridades.

El Perú aparece en el puesto 87 en un reciente informe de la PNUD sobre el desarrollo humano.

Cada vez está más claro que no existe un liderazgo mundial y que el sistema de las Naciones Unidas no funciona frente al empecinamiento de un país como Israel, decidido a imponer su narrativa y su superioridad militar.

El paro de los transportistas en Lima y Callao debería convertirse en un punto de inflexión: es insoportable trabajar cuando crece el número de sicarios dispuestos a matar a los que se niegan a pagar cupos.

El paro de transportistas que tuvo lugar ayer en Lima y Callao es un anticipo de lo que podría suceder si el Gobierno no deja su retórica vacía y define con firmeza políticas públicas.

No se resuelven los problemas más graves, pero al menos nuestro sistema previsional será un poco menos disfuncional.

Una sociedad de economía abierta no puede funcionar bien si el régimen político no respeta los principios de la democracia.

¿Por qué en estas circunstancias un grupo de congresistas de Perú Libre, de Podemos y de APP han logrado convencer a la mayoría de sus colegas de que ha llegado la hora de someter a control a los politólogos?

Si hay un tema sobre el cual la presidenta Dina Boluarte debería dar las mayores pruebas de trasparencia es el que concierne a Vladimir Cerrón.

El Ejecutivo gobierna pero no legisla ni juzga, más bien se somete a las funciones propias del Poder Legislativo y el Poder Judicial. El desacato de ese principio durante los últimos tiempos ha contribuido a la pérdida de respeto a las instituciones y en general a la democracia.

Es una mala señal que el Perú no esté representado al más alto nivel en la Asamblea General de la ONU. Pero también es una mala señal que la presidenta genere la sensación de indiferencia ante el sufrimiento de tantas víctimas, cuyas “lágrimas” no parece capaz de tomar en cuenta.

Veremos si prevalece su criterio técnico o si se impone, una vez más, una decisión desacertada de la presidenta Dina Boluarte.

No solo nos amenazan los terremotos y el fenómeno del Niño. También los incendios pueden afectar nuestra economía, destruir parte de nuestro patrimonio arqueológico y demostrar la ausencia de un liderazgo político con visión de largo plazo.

Esta forma de delito no tiene la espectacularidad del narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato. Su modalidad de acción se basa precisamente en el silencio, porque el objetivo es hacer desaparecer personas o hacerlas renunciar a su dignidad para enriquecerse con su trabajo o explotarlas sexualmente. Y las víctimas son principalmente niños, adolescentes y mujeres.

Lo mejor que podría suceder es que su muerte no agrave las divisiones, sino, al revés, que sirva para dialogar y poner las energías políticas al servicio de la vida en común.

La vieja tradición de buscar las coincidencias entre los dos grandes partidos ha cedido lugar a una forma de intolerancia ante las diferencias.

El caso parece tener repercusiones sobre jueces, abogados, empresarios mineros ilegales y eventualmente periodistas, así como a personas ligadas al núcleo del poder político. ¿En quién confiar que garantice que no prevalecerá la impunidad?

Seis semanas después del discurso de Dina Boluarte ante el Congreso la incertidumbre es total sobre la fusión de ministerios y la creación de un ministerio de infraestructura.

No debemos olvidar que más de 3 100 compatriotas mueren cada año en accidentes que se producen en las calles y las carreteras, mientras que 58 000 resultan heridos.

Al final, tenemos el gabinete con menor representación de mujeres en lo que va del siglo, solo dos ministras frente a 17 ministros. Un retroceso notorio en materia de paridad.

La mayor parte de los gremios empresariales se han pronunciado de manera firme para evitar lo que sería una pésima señal al mercado, capaz de fragilizar el asomo de confianza que se viene registrando durante las últimas semanas.

No podemos esperar a que la cifra de muertos por semana aumente ni que la extorsión llegue a otros distritos y otras profesiones. Necesitamos una reacción y un plan hoy mismo.

Isabel Flores de Oliva se convirtió en la primera persona nacida en América que fue declarada oficialmente santa. Hasta la canonización de Santa Rosa, los santos provenían sobre todo de Europa, pero también del Medio Oriente y de África.

Reconocer los derechos de quienes tienen condiciones particulares, físicas o mentales, de audición, de vista, de locomoción o de lenguaje es una exigencia de las sociedades democráticas.

La verdad es que los miembros del Directorio, a diferencia de una buena parte de los nombramientos del gobierno de Dina Boluarte, son profesionales independientes que tienen un prestigio que defender.

Basta ya de distraernos con querellas subalternas y mezquinas. Queremos resultados en la lucha por la seguridad ciudadana.

Quienes sí observan con detalle los documentos del MEF y las críticas del Consejo Fiscal son los inversionistas y los analistas de las Agencias internacionales de calificación de riesgos.

El congresista quiere romper el equilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; atribuyendo un poder investigador y sancionador al Congreso.

La ineficacia en la lucha contra la anemia condena a los niños a no poder desarrollar sus capacidades cognitivas, lo que en sus formas graves representará una carencia a lo largo de sus vidas.

Todavía está a tiempo, ministro César Vásquez, para rectificar un camino que lo conduce al aislamiento y al descredito del Gobierno del que usted forma parte.

El caso de Cueva es uno entre muchísimos que se producen en nuestro país, en el que los maltratadores de mujeres suelen contar con el miedo a denunciar, la complejidad de los procedimientos y el temor de que al final prevalezca la impunidad.

La alerta internacional por viruela del mono se produce cuando vivimos una grave crisis ligada a la ligereza con la que el Gobierno actúa frente a mecanismos como el SERUM.

La fecha ha sido escogida para conmemorar a las víctimas del terremoto que el 2007 tuvo su epicentro en la provincia iqueña de Pisco y que dejó un elevado saldo de pérdida de vidas humanas y de destrucción de viviendas e infraestructuras.

Veremos ahora cómo reaccionarán el Gobierno y el Congreso, para evitar que se agrave nuestra imagen de país que desacata a la Corte y reniega sus compromisos internacionales.

¿Qué es lo que atrae tanto de las hazañas deportivas y de la celebración que vimos en la ceremonia de clausura? Quizás, el gusto de ver que los seres humanos somos capaces de competir sin hacernos daño y que nos podemos poner de acuerdo sobre reglas y autoridades para que no prevalezca la arbitrariedad y la ley del más fuerte.

El ministro de Desarrollo Agrario cometió una ligereza inaceptable cuando intentó minimizar la gravedad del hambre y la inseguridad alimentaria en el Perú.

Basta escuchar la manera grotesca como se expresa Nicolás Maduro sobre sus contrincantes para confirmar el descaro con el que desprecia las formas y el fondo de la democracia, es decir el respeto a la voluntad popular.

Con la misma energía con la que defendemos la democracia y valores generales, hay que comprometerse para que la dignidad de cada persona sea protegida y las organizaciones que practican la trata sean desbaratadas.

Pese a la evidencia del fracaso económico e institucional, el modelo venezolano y su supuesto socialismo del siglo XXI sigue siendo defendido en nuestros país por algunas corrientes que en su momento defendieron al golpista Pedro Castillo.

Más de 200 países participarán hoy en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, entre ellos el Perú.

Nadie postula con una agenda parlamentaria ni con una propuesta para perfeccionar nuestra democracia, reactivar la economía, luchar contra la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana.

La Asociación civil Transparencia fue fundada en julio de 1994, dos años después de que se perpetrara un golpe de Estado y a menos de un año de elecciones generales.

Ninguna gestión pública podrá tener éxito si no logramos descabezar a las organizaciones criminales que amenazan, intimidan y financian a los políticos más corruptos. Y sin embargo eso es exactamente lo que ha hecho el congresista Américo Gonza de Perú Libre.

Si hay un rubro en el que enriquecerse a costa del consumidor resulta particularmente detestable, es el de los medicamentos. No hay nada más desolador que hallarse sin dinero suficiente para asumir costos inflados por la codicia y la corrupción.

Desde el punto de vista jurídico el anuncio de Keiko Fujimori carece de fundamento. Si se trata de una maniobra política, debería ser corregida por abogados que como Luis Galarreta y Miguel Torres, juegan un rol eminente en la jerarquía de Fuerza Popular.