El estado de Illinois ha tomado una postura firme frente a la reciente orden ejecutiva impulsada por Donald Trump, que busca modificar los requisitos de votación en todo Estados Unidos. Mientras otros estados se preparan para aplicar las nuevas disposiciones, Illinois —bajo la dirección del gobernador J.B. Pritzker— anunció que continuará respetando sus reglas actuales, que no exigen documentación adicional para votar.
Este desacato oficial marca un punto de inflexión en la creciente tensión entre gobiernos estatales y la Casa Blanca, en especial en temas que afectan directamente a comunidades inmigrantes. Pritzker ha calificado la orden como un acto inconstitucional que vulnera el derecho al sufragio y amenaza con excluir a ciudadanos legítimos bajo el pretexto de evitar fraudes.
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Illinois defiende su autonomía frente al poder federal
El gobernador J.B. Pritzker se pronunció públicamente contra la medida, a la que llamó un “intento ilegal y peligroso” de debilitar la participación ciudadana. La Casa Blanca, por su parte, justificó la orden ejecutiva como un mecanismo para “garantizar la transparencia” en las elecciones y prevenir posibles fraudes. Sin embargo, críticos aseguran que la nueva normativa podría convertirse en una herramienta para obstaculizar el acceso al voto, especialmente entre poblaciones diversas y con menos recursos.
Illinois se mantiene firme: los votantes solo necesitarán firmar una declaración jurada al momento de sufragar, sin la obligación de presentar documentos adicionales. Esta decisión se respalda en la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, la cual establece estándares mínimos para facilitar la inscripción y participación electoral en todos los estados del país.
Expertos legales advierten sobre un posible abuso del poder ejecutivo
David Becker, especialista en derecho electoral y director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, advirtió que la medida presidencial representa una “apropiación del poder ejecutivo” al imponer reglas que deberían debatirse en el Congreso. Becker sostiene que este tipo de acciones amenaza la autonomía de los estados y abre la puerta a una centralización del sistema electoral estadounidense.
Según Becker, permitir que el gobierno federal dicte unilateralmente los términos bajo los cuales se llevan a cabo las elecciones en cada estado vulnera el diseño constitucional del país, que otorga a cada entidad la facultad de regular sus propios procesos.
¿Quiénes pueden votar realmente en Estados Unidos?
A pesar de la narrativa que ha vinculado a inmigrantes con procesos electorales irregulares, la ley estadounidense es clara: solo los ciudadanos tienen derecho a votar. Esto incluye a personas nacidas en el país o naturalizadas. Los residentes permanentes legales, titulares de “Green Card”, no pueden votar en elecciones federales ni estatales.
Votar sin ser ciudadano constituye un delito federal y puede acarrear consecuencias graves como la deportación o la negación de la ciudadanía. Illinois, al reafirmar sus normas, no está extendiendo el voto a no ciudadanos, sino defendiendo la participación libre de ciudadanos naturalizados que podrían enfrentar trabas con la nueva orden federal.
