El caso parece tener repercusiones sobre jueces, abogados, empresarios mineros ilegales y eventualmente periodistas, así como a personas ligadas al núcleo del poder político. ¿En quién confiar que garantice que no prevalecerá la impunidad?

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Si una conclusión puede sacarse del caso en que se hallaría implicado el presentador de televisión Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y muchas otras personas es la necesidad de contar con una Fiscalía rápida y sobre todo independiente.

Todavía no sabemos qué otras personas van a resultar implicadas, ni si es exacto que el núcleo del caso tiene que ver con tráfico de influencia en beneficio de comerciantes de oro ilegal. Se habla de una coima de un millón de dólares, sin que sepamos a cuáles de los actores estaría destinada esa cantidad, ni en qué proporciones.

El caso parece tener repercusiones sobre jueces, abogados, empresarios mineros ilegales y eventualmente periodistas, así como a personas ligadas al núcleo del poder político. ¿En quién confiar que garantice que no prevalecerá la impunidad? ¿Cómo hacer para que el poder político y sus agentes de inteligencia no intervengan obstaculizando instituciones, como se hizo con la DIVIAC después del allanamiento del domicilio de la presidenta Dina Boluarte?

Para bien o para mal, la señora presidenta es Jefa Suprema de la Policía Nacional y en esa calidad sus órdenes deben cumplirse. Pero siempre habrá un oficial como el capitán Junior Izquierdo, capaz de priorizar su lealtad a la verdad por encima de su sometimiento a jefes y jerarquías.

Esa es la ventaja de la Fiscalía, institución constitucionalmente autónoma, cuyas decisiones y procedimientos no pueden ser interferidos por el Poder Ejecutivo. Por eso es pernicioso que el Ministro del Interior y más recientemente el Ministro de Justicia hayan formulado declaraciones denigrantes contra la Fiscalía, lo que podría asemejarse a la voluntad de amedrentar a los fiscales.

En todas las sociedades hay empresarios coimeros y funcionarios corruptos. Lo que no existe en algunos países es impunidad y sometimiento de las instituciones a los intereses del poder político y a quienes lo detentan actualmente.

Por complicado que sea un caso fiscal y poderosos los investigados, podemos esperar que se establezca claramente que en nuestro país somos capaces de tomar en serio la lucha contra la corrupción.

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