Política
El Ministerio Público y personal de la Diviac allanaron el domicilio de la presidenta Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, y Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.
Al respecto, tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de "desproporcionada" e "inconstitucional" la diligencia efectuada por la Fiscalía.
Al respecto, RPP conversó con el abogado penalista Hugo Mendoza, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi y el exprocurador anticorrupción Iván Meini. El abogado penalista Hugo Mendoza consideró que la medida fue totalmente viable y que respondió a un "agotamiento" de recursos fiscales, pues la mandataria no habría colaborado con las diligencias previas.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que la presidenta, al haberse negado a colaborar con las diligencias anteriores, había violado la Constitución, por lo que su permanencia en el cargo era "insostenible" y el Congreso debía actuar en consecuencia con ello.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción Iván Meini consideró que la diligencia fiscal sí fue válida ya que fueron "autorizados, bajo la ley vigente en el Perú" y que no se estaban vulnerando derechos a la mandataria con la medida fiscal, ya que no habría participado en las diligencias previas.