La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha lanzado una normativa que promete revolucionar la manera en que los bancos y cooperativas de crédito cobran cargos por sobregiro. Con esta regla, las tarifas quedarían limitadas a solo U$D 5, una reducción significativa respecto a los montos actuales, que suelen oscilar entre U$D 20 y U$D 40.
El cambio tiene el potencial de impactar directamente a los consumidores, especialmente a los de bajos ingresos, al aliviar una de las cargas financieras más frecuentes. Pero, ¿qué implica realmente esta norma para el sistema financiero y los usuarios de cuentas corrientes?
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Lo que establece la nueva norma
Según el comunicado oficial de la CFPB, las instituciones financieras con más de U$D 10 mil millones en activos deberán adoptar una de tres opciones para cumplir con la normativa:
- Limitar la tarifa a U$D 5: opción diseñada para cubrir únicamente los costos operativos asociados al sobregiro.
- Ajustar la tarifa según costos reales: permite a los bancos justificar comisiones mayores solo si reflejan pérdidas documentadas.
- Tratar los sobregiros como préstamos formales: los bancos que deseen obtener beneficios deberán cumplir con regulaciones similares a las aplicadas a las tarjetas de crédito, incluyendo transparencia en términos y condiciones.
Estas medidas buscan equilibrar los intereses del consumidor con la rentabilidad bancaria, promoviendo un uso más ético del servicio de sobregiros.
Los principales afectados con la norma
La regulación impactará a alrededor de 175 bancos y cooperativas de crédito considerados grandes por la CFPB. Entidades como Wells Fargo, Bank of America y Navy Federal Credit Union están en la lista, aunque algunos ya han eliminado estos cargos, como Ally Bank.
De aprobarse, la norma podría generar un ahorro anual de U$D 5 200 millones para los consumidores, beneficiando especialmente a las familias de menores ingresos. Cada hogar podría ahorrar hasta U$D 225 en comisiones por sobregiro.
Sin embargo, no todos están contentos con la propuesta. El sector financiero ya ha señalado que podría enfrentar pérdidas considerables, lo que podría desencadenar intentos para frenar la implementación de la norma.
Fecha en la que entrará en vigor
La regla final está programada para entrar en vigor el 1 de octubre de 2025, pero su camino hacia la aplicación no será sencillo. La oposición por parte de las instituciones financieras y el control republicano del Congreso podrían dificultar su aprobación definitiva.
En el contexto de una posible administración menos regulatoria, el futuro de la norma aún es incierto. Los consumidores y defensores de la protección financiera permanecen atentos a los próximos desarrollos que definirán el alcance y la efectividad de este cambio histórico en la regulación bancaria.
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